Con esplendor de cloacas?

GUILLERMO A. COCHEZ

La salida del Consejo de Gabinete en mayo de tres ministros de Estado me llevó a solicitar a la Contraloría General de la República copia de las declaraciones juradas ante Notario Público que, por Constitución y por Ley, debían haber hecho Balbina Herrera, ex ministra de Vivienda; Rubén Arosemena, ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá —AMP—; y Belgis Castro, ex ministro de Educación.

De la primera se decía que tenía más de siete millones en haberes; a Rubén, en Debate Abierto en Canal 4, Ricardo Martinelli lo dejó mudo al encararle que, a diferencia de él, no podía justificar los millones acumulados en su paso por el gobierno. En cuanto a Castro es sinónimo de escándalo por los millones perdidos en el Ministerio de Educación, las fibras de vidrios, el FECE, las escuelas ranchos. Todos tres salían para sus respectivas campañas.

La “diligente” Contraloría contestó rauda y negativamente: “No dejamos que se investigue a nadie y menos vinculado con el gobierno”, imagino que privadamente dirían “¿que se creerá Cochez que somos p??”.

El artículo 304 de la Constitución Nacional establece cuáles son los funcionarios que deben hacer esa declaración jurada de bienes y la Ley 59 de 1999 reglamenta cómo hacerlo, pero para la Contraloría ésa es información “de carácter confidencial”, a pesar de que son normas precisamente para eso: para fiscalizar la probidad de los funcionarios. Para el Contralor PRD, Carlos Vallarino, una norma inferior, el Reglamento Interno de la Contraloría, pasa por encima de lo que se establece constitucional y legalmente, aún cuando esas declaraciones al hacerse ante Notario Público, deben ser de conocimiento de todos.

¿Qué torcida norma puede negarnos a los panameños conocer si los ex ministros Castro y Arosemena, hoy aspirantes de diputado, y la candidata a presidenta pueden justificar lo que tienen con los salarios del sector público que han recibido? ¿Es que la Contraloría, en vez de fiscalizar lo que hacen los funcionarios del Estado, tiene por misión encubrir fortunas malhabidas? ¿Es esto transparencia? ¿Hay que desoír a Ricardo Martinelli cuando reclama que “entran limpios y salen millonarios”?

Se pierden estatuas de bronce de veinticinco toneladas (50 mil libras) y un tractor; las autoridades correspondientes, ¿sin enterarse?, no lo reportan a la Procuraduría General de la Nación, hasta después de descubierto el entuerto por un diario local.

Encuentran zinc del Ministerio de Vivienda —MIVI— almacenado en casa de un diputado PRD; venden a particulares un lote en plena Vía Israel a menos de la mitad de su precio real; el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, desatiende orden de la Corte Suprema de Justicia para entregar información sobre el Corredor Norte; transan el 10% de acciones del Estado en un hotel por menos de la mitad de su valor...

¿Quedará país para aguantar cinco años más de lo mismo?

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