Corrupción y constituyente originaria

JULIO YAO

El problema es más grave de lo que se percibe: la impunidad no sólo plantea el problema de que una sociedad no puede vivir sin leyes: propone la incapacidad del gobierno de transformar el sistema que la permite. ¿Será suficiente que el aparato judicial mejore con la incorporación de honestos magistrados? ¿Cuántos magistrados honestos serán necesarios para ponerle coto a la impunidad? ¿Puede el aparato judicial generarse por sí mismo?

Si la clase y los sectores dominantes producen el gobierno a su conveniencia para determinar el modelo de desarrollo más afín a sus intereses, sería una verdad de Perogrullo afirmar que son ellos quienes producen los aparatos ejecutivo, legislativo y judicial.

La posibilidad de reformar el aparato judicial para ajustarlo a la ética no puede encontrarse en éste ni en ninguno de los otros órganos, porque la impunidad los encubre a todos. El círculo vicioso de la corrupción y la impunidad trasciende la capacidad del órgano llamado a aplicar las leyes.

Ninguno de los gobiernos recientes ha sido capaz siquiera de reducir la corrupción. El actual, que engañó a casi todo el país, prometió acabar con la corrupción, pero hizo y hace todo lo contrario: la ha permitido y practicado a niveles escandalosos y cínicos.

El trabajo investigativo de un diario serio ha puesto el dedo en la llaga: contratos otorgados directamente, sin licitación, a parientes, compadres, amigos de la Presidencia de la República; empresas fundadas para saquear fondos públicos; operadores políticos pagados con nuestros impuestos, cuyo exclusivo fin es encontrar dónde está el dinero para robárselo; fondos constituidos con donaciones de países dedicados a comprar nuestra política exterior bajo una “diplomacia de chequera” que nos trata como si nuestro país fuese una prostituta barata y desechable; fondos donados por empresas extranjeras al Despacho de la Primera Dama (AES o Minera Petaquilla, por ejemplo) para “escuelas dignas por escuelas rancho” (y éste es sólo un ejemplo) cuyo propósito no es otro que comprar influencia política que les permita burlar y violar las leyes que regulan la actividad minera, la producción de energía hidroeléctrica, la construcción o el mal llamado “turismo residencial”.

Ninguno de los candidatos presidenciales ha dicho que investigará “hasta los últimas consecuencias” la corrupción en el ramo educativo, tal como lo ha desnudado un diario de la localidad, aunque fuera por fácil demagogia. Ninguno ha dicho que investigará las fortunas malhabidas para que se devuelvan a la sociedad los dineros robados, esquilmados y extraídos en tantas formas. Ninguno ha dicho que meterá preso a los corruptos de marca mayor, y no lo van a decir ni hacer, porque todos los candidatos a la Presidencia saben que ellos forman parte del sistema y que necesitan respetar las reglas del juego.

Por eso, la solución está más allá del sistema imperante, y este sistema no puede reformarse por sí solo: requerirá que la sociedad organizada ponga un alto al mismo gobierno, conforme un gobierno transitorio integre una Asamblea Constituyente y elabore una nueva Constitución que elimine (y éste es un solo ejemplo) todo precepto que permita la actual concupiscencia entre el poder y el dinero, el tráfico de influencia, y la instrumentación que del país hacen minorías insaciables.

-El autor es escritor.julioyao@gmail.com

Publicidad