50 años del BID, cero reflexión

La ocasión ofrece una oportunidad de revisar conceptos y caminar hacia un modelo de desarrollo más equitativo

LAURA CARLSEN
lcarlsen@cipoline.org

A finales de este mes el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) celebrará su 50 aniversario en Medellín. Sería lógico pensar que entre los festejos se abriría un proceso de evaluación y autocrítica en torno al las acciones y el quehacer del banco en la región.

La coyuntura lo exige. El continente está inmerso en una grave crisis económica, en parte por los lineamientos de reformas estructurales, desregulación, dependencia al mercado externo y privatización que el BID ha apoyado en la región. Los límites del uso de combustibles no renovables están cada vez más claros y el cambio climático amenaza con afectar a la producción de alimentos básicos y aumentar la incidencia de desastres naturales. La migración forzada caracteriza a la vida moderna y la creciente desigualdad se ha convertido en el reto social más importante para todos los países de la región.

A pesar de este panorama negro, hasta hora todo parece indicar que el BID plantea más de lo mismo. Se prevé un incremento de sus préstamos en la región a la cifra récord de US$ 18 mil millones para 2009 como respuesta a la crisis. Esto generará una nueva ola de endeudamiento en los países receptores, a la vez que el modelo de desarrollo detrás de los préstamos entra en crisis de credibilidad por sus dudosos resultados. Para el BID, el desarrollo se entiende como un proceso de asegurar la movilidad del capital trasnacional, facilitando la inversión extranjera, el traslado de bienes, y el acceso a los recursos naturales. En los últimos años, este modelo se impone a regiones previamente cerrados por su ubicación geográfica o de poco interés al gran capital. Ahora que el valor de los recursos naturales se aumenta y las economías nacionales se han volcado a la exportación, los megaproyectos de carreteras, centrales hidroeléctricas, entre otros, se vuelven atractivos. Se trata por lo general de regiones de baja densidad poblacional y en muchos casos indígenas. Olvidados por los gobiernos nacionales, sus comunidades sufren de altos niveles de marginación a la vez que sus territorios albergan una gran riqueza cultural y de biodiversidad.

El BID ha sido gran promotor de los megaproyectos de infraestructura diseñados para apoyar a esta visión. Ha entrado de lleno a promover estas obras a través de dos meta-planes de megaproyectos: El Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Estos planes incluyen la construcción de grandes carreteras, represas, redes de electricidad y otros. Los proyectos implican un cambio drástico en el uso de la tierra y los recursos. Los mercados locales, regionales y nacionales —que generan más empleos y distribuyen la mayoría de los alimentos— están considerados como una señal de atraso, y los recursos naturales —conservados por las comunidades indígenas— el botín de capital trasnacional.

El BID tiene entre sus objetivos traer el desarrollo a estas regiones. Sin embargo, un estudio reciente revela que los megaproyectos financiados por el BID en muchos casos acaban expulsando a miles de personas que supuestamente serán los beneficiarios. La construcción de represas es el ejemplo más claro porque implica el desplazamiento involuntaria de las comunidades que serían inundadas. Un ejemplo es la represa hidroeléctrica La Parota en Guerrero, México que desplazaría a unos 25,000 personas y actualmente está parada debido a la resistencia popular. Un grupo de 43 organizaciones de base se reunirán previo a la reunión del BID en Medellín. Se presentarán estudios y testimonios sobre impactos de los proyectos en un esfuerzo por cambiar las políticas del BID. La campaña se llama “El BID: 50 años financiando la desigualdad”. Estos grupos argumentan que, más que aliviar el problema de la pobreza, los megaproyectos concentran los beneficios de los recursos naturales en manos del sector privado y fragmentan las redes comunitarias de supervivencia.

La solución a la pobreza que propone en el fondo parece ser reducir la pobreza a través de la expulsión de los pobres. Las dos reuniones —de las autoridades del BID y de las organizaciones que cuestionan sus prácticas— ofrecen una oportunidad de revisar el concepto de desarrollo y caminar hacia un modelo de desarrollo más equitativo.

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