Seguridad nacional e internacional

RAÚL E. RODRÍGUEZ A.

Panamá es un país afortunado en cuanto a vivencias sobre situaciones bélicas, a diferencia de lo que ha experimentado cualquier nación o territorio, por ejemplo de Europa, en donde las guerras o la simple amenaza de uno de estos conflictos de inmediato crea zozobra y miedo entre su gente, porque las vivencias obtenidas a través de los siglos les han dejado secuelas, las que han conllevado proliferación de conductas individuales o colectivas que muchas veces se compaginan con la criminalidad en toda la acepción del término.

Pero la tranquilidad de nuestro país, en lo que se refiere concretamente a la seguridad ciudadana, al igual a lo que sucede en Latinoamérica y otros continentes, ahora se ve amenazada por diversas situaciones como lo son el aumento del crimen organizado, guerras entre pandillas de delincuentes que se disputan drogas, venta de las mismas, territorios, tráfico de armas, robos, secuestros, por mencionar algunas formas de delinquir.

La seguridad ciudadana, comprendida como la protección de personas y bienes, es un tema que debe ser tratado como de Estado, pero con la participación y reflexión de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Eso significa que no se debe desechar la intervención de la sociedad en la lucha contra la criminalidad, de allí que los vecinos vigilantes son importantes e imprescindibles en cualquier proyecto por el beneficio colectivo.

Los programas gubernamentales, desde los que atacan a la pobreza como los que promueven una seguridad ciudadana óptima, son necesarios e imprescindibles, pero deberán incorporar a la población, de esta manera no existirán los estados policíacos y tampoco se le tendrá el temor a la acción temeraria de la policía o de los ejércitos, en el caso de aquellos países en donde estos últimos existen, porque es la propia sociedad la que contribuye en su defensa.

Este consenso, el cual, en el caso de Panamá en los momentos actuales, es básico e imprescindible su puesta en vigencia, requerirá de la toma en serio del valor de la educación, fundamental para contrarrestar el problema, pero con la también incorporación de todos los sectores involucrados en la misma. Entonces, no solamente es el Gobierno Nacional el responsable para enfrentar, ya sea por intermedio de la Policía u otros organismos de seguridad, la inseguridad ciudadana, que a la postre crearía inseguridad nacional, sino que atañe a todos los habitantes del país y es hora de que lo admitamos, de lo contrario, continuaremos lamentándonos.

En algún momento de nuestras vidas nos hemos quejado de la inseguridad en que vivimos, pero cómodamente le hemos relegado la labor de restaurarla a las autoridades policiacas, sin preguntarnos si en verdad ¿corresponde a la fuerza pública o policía devolvernos esa paz o es competencia de las autoridades arreglar el asunto en derecho, en los tribunales correspondientes?

Es una certeza que nuestro sistema de vida en convivencia está amenazado y que el crimen organizado desafía a los Estados, pero también es cierto que como sociedad no hemos contribuido, eficazmente, en la elaboración de las agendas de seguridad nacional y por ello aún nos mantenemos en el debate permanente de cuáles son las instancias competentes para enfrentar la problemática. Podemos afirmar que llegó la hora de consensuar o perderemos la dirección.

-El autor es presidente de la Asamblea Nacional.rrodriguez@asamblea.gob.pa

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