Agenda legislativa del cambio (II)

MIREYA LASSO

La hipótesis esbozada en el artículo anterior partió de la premisa de que el desgaste político de cualquier gobernante comienza desde el momento que asume funciones; por tanto, no debería postergar las medidas necesarias para producir los resultados prometidos, a riesgo de que un intento a destiempo ya no cuente con la capacidad política inicial o que una implementación tardía pudiese resultar incompleta. Como la premisa es también aplicable al Órgano Legislativo, habíamos reseñado el paquete de medidas urgentes vinculadas a las finanzas públicas, que sería necesario aprobar oportunamente para cumplir lo prometido. Hoy, definimos otro paquete de propuestas, que podrían considerarse como parte de la Reforma Administrativa del Cambio.

El Plan de Gobierno de la Alianza triunfadora ofreció crear nuevas entidades gubernamentales y reformar otras. Entre otras, incluyen: Ministerio Indígena, para que sean los actores de su propio desarrollo; Instituto Nacional de Planificación Urbana, para elaborar planes regionales y locales; Secretaría de Competitividad, directamente vinculada a la Presidencia; Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para mejorar la calidad de la educación superior; Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para reemplazar al MIDA, absorbiendo el Servicio Forestal de ANAM y su contraparte, Banco de Fomento Agropecuario y Forestal, para reemplazar al BDA; Instituto Nacional de la Tierra, fusionando Catastro, Reforma Agraria y PRONAT, para garantizar la titulación de derechos posesorios; Centro Internacional Especializado de Crédito para el Financiamiento de Hipotecas Navales y la constitución del Consejo Consultivo Nacional de Asuntos Marítimos, relacionados con la actividad financiera marítima y el abanderamiento de naves; Unidad de Asuntos Internos en el Ministerio de Gobierno y Justicia, para fiscalizar la conducta de los miembros de las instituciones de seguridad pública; Unidad de Análisis de Información del Crimen, para permitir acciones interinstitucionales; Unidad Administrativa de Investigación, en reemplazo de la Secretaría Anticorrupción; Centro Hidrometereológico Nacional, para asegurar el manejo de las cuencas hidrográficas; Consejo de Pesca Responsable, para ampliar la representatividad de sus miembros; la ANAM, asumirá la conservación de recursos marino-costeros actualmente en la ARAP; Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para ampliar la participación de usuarios en la Junta Directiva; Oficina Especial de Inversiones Turísticas, para controlar estas inversiones; Unidad Especial de Vigilancia Aeroportuaria, para prevenir fugas de información y asaltos a turistas; AMPYME, para que más representantes del sector privado integren su Junta Directiva; Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible con amplia participación de sector privado, para coordinar las acciones vinculadas al tema ambiental; y creación de una red pública de hospitales basándose en el modelo del Patronato del Hospital del Niño. Por otro lado, se propone la eliminación del FIS y la partida presupuestaria del Despacho de la Primera Dama.

Es un paquete de, al menos, una veintena de cambios administrativos, unos más complicados que otros, pero todos requiriendo un concienzudo análisis de ministros en Consejo de Gabinete. Como forman parte del Plan de Gobierno “para permitir al Ejecutivo ser eficiente y cumplir lo prometido— no habrá tiempo que perder cuando lleguen los proyectos a la Asamblea Nacional para iniciar amplias consultas y serias discusiones sobre cada uno.

-La autora es diputada de la República por el Circuito 8-7.mireyalasso@yahoo.com

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