Critican indultos de Torrijos

Foto: Archivo La Estrella

Ana Matilde Gómez, procuradora general de la Nación.

Martín Torrijos dio rebaja de penas a personas con delitos no señalados en la Constitución Nacional. La procuradora va a investigar los expedientes de los beneficiados

LINETT LYNCH
llynch@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Las 20 rebajas de penas otorgadas por el ex presidente Martín Torrijos, al final de su mandato, han generado reacciones. Una de ellas fue la de la procuradora Ana Matilde Gómez, quien señaló que aunque no estaba al tanto de las rebajas de penas había que revisar los expedientes de cada uno.

“Los indultos presidenciales sólo se pueden dar por delitos políticos”, dijo Gómez, refiriéndose a lo que dice la Constitución en su artículo 179 numeral 12. Así es que lo que se público en la Gaceta Oficial del 30 de junio fue una rebaja de pena por delitos comunes y no indultos.

La procuradora dijo que para que se dieran estas rebajas de pena por delitos comunes, debió el ex presidente hacerle una consulta al Ministerio Público y a las víctimas antes de tomar la decisión de rebajar las penas a las 20 personas que se beneficiaron.

Gómez sentenció que “espero que no haya sido el caso de personas condenadas por delitos comunes, o incluso como se ha dado en el pasado de personas que no han sido ni siquiera condenadas”.

Entre los 20 beneficiados está Bruno Bemporad, condenado por el caso Banaico, también se conoció de personas beneficiadas con la rebaja de pena cuyo delito cometido fue homicidio, quienes no tenían derecho a la rebaja de pena.

Otro de los que se manifestó contra la decisión de Torrijos fue el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien calificó la acción como un “comportamiento insano” del Órgano Ejecutivo. “El argumento utilizado, de disminuir el grave problema de hacinamiento, no es más que un pretexto”, dijo el ombusdman.

Para Vargas, si bien es cierto es constitucional la facultad del Ejecutivo de conceder estos beneficios; otorgar rebajas de pena a última hora, las razones dadas por el gobierno de Torrijos son un despropósito en el uso de esta atribución constitucional.

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