GABINETE APRUEBA CRÉDITOS MILLONARIOS

Siguen las acciones del ‘cambio’

07-10-2009 | ISIDRO RODRÍGUEZ/ NEIR CARRASCO

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Una reunión que duró más de cinco horas. Se modificarán 121 líneas arancelarias con el fin de bajar el costo de la canasta básica

Política PANAMÁ. Contrario al primer Consejo de Gabinete, esta vez el presidente Ricardo Martinelli cambió Las Garzas de Pacora por el Palacio de las Garzas.

Reunidos por más de cinco horas, Martinelli junto a sus 14 ministros de Estado aprobaron el proyecto de ley de moratoria de impuestos vencidos, con el que se pretende recuperar al menos 100 millones de dólares que representa 20% de los mil 122 millones 419 mil dólares que se le adeuda al fisco.

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo que con la recuperación de estos dineros se dotará al Estado de recursos que están fuera del presupuesto para cumplir con los compromisos adquiridos por la actual administración.

También se aprobó modificaciones a 121 líneas arancelarias que permitirán bajar la canasta básica e incrementar la competencia. Además, se reducirá el arancel en el precio del cemento.

En el tema social se aprobó un proyecto de ley que le cambia el nombre del INADEH a Instituto de Capacitación Laboral (ICAL). La institución estará conformada por un Consejo Directivo integrado por cuatro ministros: Trabajo, MEF, MEDUCA y AMPYME.

El director de esta entidad será de libre nombramiento y remoción por parte del Ejecutivo. También aprobaron al MIDES un crédito adicional por el monto de 42 millones de dólares para el pago del bono de $100 a los adultos mayores. Igualmente se aprobó un crédito adicional de 15.3 millones de dólares para el aumento salarial a los miembros de la Fuerza Pública.

El gobierno de Martinelli autorizó además, que los directores de las entidades reguladoras de los servicios públicos como la ASEP sean de libre nombramiento y remoción. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia se convertirá en Autoridad de Libre Competencia.

Finalmente se aprobó una resolución que declara estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Gualaca, en Chiriquí.