MERCADO FINANCIERO

Promueven regular el ‘dinero plástico’

Foto: Ana Rentería.

Para la ABP no se justifican en este caso legislaciones al margen de la Ley Bancaria, acogida a normas internacionales.

Una propuesta de ley intenta controlar el endeudamiento

LUIS ALBERTO SIERRA
lsierra@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Las historias sobre experiencias con el uso de tarjetas de crédito son para no terminar de contarlas. Para muchos el llamado “dinero plástico” es un apoyo de crédito y una forma segura de hacer transacciones, sin el riesgo de portar dinero en efectivo. Para otros, las tarjetas se han convertido, sin embargo, en un motivo de estrés, porque no manejaron adecuadamente esta forma de pago, o porque simplemente las condiciones del sistema les impidieron cubrir a tiempo sus cuotas.

De cualquier forma es evidente que hay vacíos en la regulación del negocio de las tarjetas de crédito en Panamá, ya que la Superintendencia de Bancos sólo tiene competencia en cuanto a las denuncias de los casos en los que el emisor de la tarjeta, es un banco.

El tema es relevante, además de la necesidad de protección del consumidor, si se tiene en cuenta que en el país hay poco más de medio millón de tarjetas de este tipo activas y con un volumen de crédito estimado a junio pasado en alrededor de 1,500 millones de dólares, según fuentes del sector.

¿ REGULACIÓN O CONTROL?

El proyecto de ley Nº 50, que se espera empiece a ser discutido esta semana en la Asamblea Nacional de Diputados, apunta a mejorar la regulación de este negocio, partiendo de la premisa que hay margen para que se puedan dar abusos en cuanto a la letra pequeña pactada en los contratos, por la facilidad en que pueden ser aprobadas algunas de estas tarjetas, y considerando la supuesta ausencia de información sobre los intereses, renovaciones y otras condiciones con este instrumento financiero.

Para el diputado Alcibiades Vásquez, proponente de la iniciativa junto al también diputado José Isabel Blandón, en el negocio de las tarjetas de crédito en el país “se dan abusos, no hay límites en los créditos e intereses, y las personas reciben a veces dos o tres tarjetas, sin tener un idea exacta sobre las consecuencias de no manejar adecuadamente este mecanismo”. “Cuando las personas se endeudan con las tarjetas quedan con una pésima referencia ante la Asociación Panameña de Crédito y son perseguidas por todas partes para que cumplan. Los intereses son una canallada”, agregó Vásquez.

Pero el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario de Diego, quien reconoció que el proyecto se recibió hace apenas unos días y que es prematuro para comentar detalles sobre el texto propuesto, opinó que se debe tener en cuenta que tanto la Ley Bancaria como las normas aprobadas por la Superintendencia de Bancos en la materia “son adecuadas, lo suficientemente amplias, profundas, detalladas y estrictas”.

“La ley bancaria también contiene disposiciones muy claras, concretas y específicas relativas a los intereses que pueden cobrar y pagar los bancos, disposiciones que están debidamente reglamentadas también por la Superintendencia”, acotó, agregando que la nueva Ley Bancaria, adoptada el año pasado, contiene capítulos detallados y muy rigurosos relativos al cliente bancario.

Po su parte, el secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, reconoció que la entidad que representa no tiene injerencia en el caso que el emisor no es un banco, como es el caso de emisores importantes como Promérica o Credomatic, o cuando se trata de las tarjetas que emiten los comercios.

Otro aspecto relevante en este caso es que en Panamá se rige el mercado por el esquema de la libre oferta y demanda, por lo que no hay intereses tope, ya que es la competencia la que autorregula.

La discusión apenas comienza pero ya hay voces que advierten un camino un poco espinoso.

PROPUESTA

El proyecto se inspira en la ley que regula los aumentos de intereses de las tarjetas de crédito aprobada en EEUU.

Se refiere además al uso de tarjetas de débito, prepagadas y tarjetas de financiamiento o pago electrónico. Establece la relación de la actividad con instituciones como el Ministerio de Comercio.

Pedro Meilán, de Protección al Consumidor, manifestó la disposición a recibir denuncias sobre el uso de tarjetas, “si se cuenta con los recursos para ello”.