Cuando la impunidad se hace hábito

GENARO LÓPEZ*

Cuando el Estado no cumple de manera efectiva y cabal con la investigación de atropellos, homicidios o desaparición, violación a los derechos humanos y no aplica las sanciones penales contra los autores materiales e intelectuales, comete un acto particularmente grave en términos de los efectos que tal circunstancia acarrea para la sociedad, de modo que la impunidad resultante genera un ambiente permisivo para que las agresiones a las personas continúen y sean cada vez más violentas. Es decir, desde el Estado se institucionaliza la impunidad.

En los últimos años, el pueblo panameño ha presenciando hechos de corrupción, asesinatos, homicidios, que preocupan en la medida en que se amparan en la más completa impunidad que brinda el sistema. Frente a este mal, encontramos grupos que permanecen indiferentes, y otros que buscan argumentos que relativizan o niegan los hechos, sin embargo la realidad es elocuente.

Para muestra tenemos el caso de los familiares de las víctimas y sobrevivientes del envenenamiento masivo con dietilenglicol y del bus incendiado en La Cresta, quienes siguen clamando Justicia. En el caso de los primeros incluso se absolvió a los miembros del SPI de la golpiza que estos le propinaron en los predios de la Presidencia a los miembros del Comité de Familiares y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y la Vida (COFADESAVI). Elementos del SPI también están envueltos en el asesinato de la empresaria Cristina García Eleta, en un incidente donde hicieron desaparecer el arma homicida. Igualmente, tenemos el caso de los seis policías acusados de asesinar al reo Daniel Vela Rodríguez, tras un intento de fuga en La Joyita, siendo absueltos recientemente, pese a que el forense demostró que la víctima al momento de su captura sufrió fuertes golpes en la cabeza que le causaron la muerte. El asesinato del trabajador del Suntracs Luiyi Argüelles a manos del sargento Manuel Moreno en Islas Viveros, donde los policías, como verdaderos delincuentes, intentaron también ocultar el arma homicida. La muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, donde seis agentes de la Policía Nacional están acusados de este doble crimen y de plantar pruebas falsas. El caso de la joven Clarissa Mabelis Urriola, de solo 17 años y con tres meses de embarazo, asesinada por miembros de la Dirección de Investigación Policial (DIP) en un incidente en Pedregal. El cobarde asesinato del dirigente del Suntracs, Al Iromi Smith, por parte del cabo Eliseo Madrid, unidad Lince de la Policía Nacional, siguiendo órdenes del mayor Diego De León, ascendido posteriormente a subcomisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón, provincia donde ocurrió este homicidio. O el caso del reconocido delincuente Rogelio Ramos, alias “ Juana Peña ”, implicado en el asesinato del obrero del Suntracs Osvaldo Lorenzo, quien sigue libre, pese a tener orden de captura y llamamiento a juicio para este 16 de noviembre por este crimen ocurrido el 14 de agosto de 2007 en el proyecto de la Autopista Panamá-Colón.

Es decir, esta práctica se viene repitiendo como si estuviéramos frente a hechos correctos y nobles. La impunidad en Panamá ha sido y sigue siendo una aureola que solo cubre a los burgueses y gobernantes. Nadie es capaz de llevar al banquillo de los acusados a responsables directos de atentados contra personas y los derechos humanos.

Esto quiere decir que son los humildes, los sectores populares, quienes cargan con el peso de la Ley por carecer de poder económico y político. Parece ser que “ quien paga, manda ” y “ hecha la ley ”, esto explica por qué han dejado impunes “ por falta de pruebas ” o por “ presiones bien pagadas ” muchos crímenes y delitos.

La impunidad es un concepto ético que parece no caber en las instancias que deben garantizar justicia, en los gobernantes que deben ser ejemplo de moral. Lo que impera en el país es la denegación de la justicia, en la medida que persisten los abusos policiales, las graves violaciones a los derechos humanos y las libertades democráticas.

La impunidad reina en nuestro país. Debemos tener presente que “ cuando la impunidad se hace hábito en una sociedad, esa sociedad camina hacia el abismo ”. No podemos permitir que ello siga imperando, es necesario redoblar los esfuerzos de lucha, a fin de iniciar procesos judiciales sentados en el derecho, la ética y la justicia social.

Hoy, demandamos justicia de los tribunales para que los asesinos (materiales e intelectuales) del compañero Osvaldo Lorenzo sean castigados.

*Secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com

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