CONFLICTO DE TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Poderoso bufete apoya a los naso

La firma de abogados Akim Gump Strauss Hauer & Feld, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas preventivas a favor de los nasos.

GANADERA VS PUEBLO NASO. Propiedad privada contra tierras ancestrales. Indígenas exigen respeto a sus derechos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

PANAMÁ. Un influyente bufete en los Estados Unidos ha intervenido a favor de los indígenas del grupo Naso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cartón, y fechada viernes 13 de noviembre, Faith Barter, abogada de la oficina en Washington del bufete Akin Gump Strauss, pidió que la comisión tomara “medidas precautorias”, contra el desalojo forzoso de los nasos “de las comunidades de San San y San San Druy” en la Provincia de Bocas del Toro. Según la carta, tal desalojo expondrá a los nasos a “inminente y grave daño físico”.

El bufete es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 15 oficinas alrededor del mundo y más de 900 abogados. Uno de sus fundadores, Robert Strauss, fue presidente de Partido Demócrata y miembro del gabinete del presidente Jimmy Carter.

La carta, una copia de la cual le fue entregada a La Estrella por Adolfo Villagra Sánchez, presidente del Consejo Naso, trata de un conflicto entre los Naso y la Ganadera Bocas, S.A., una empresa privada cuyo presidente es Mario Guardia Durfee. Hace varios lustros la empresa adquirió de la bananera United Fruit un globo grande de terreno a lado del río San San. Según los nasos, las dos comunidades existieron antes de la llegada de la bananera al principio del siglo pasado, y tanto la ganadera como la bananera, las toleraron hasta hace poco. Según la empresa, son precaristas. A petición de la empresa, y de acuerdo con una orden emitida por la entonces corregidora de Teribe, Aracelys Sánchez, unidades de la Policía Nacional desalojaron algunos indígenas del lugar durante el mes de marzo pasado.

Villagra y la carta al licenciado Cantón hacen referencia a una reunión celebrada a finales de octubre en que, supuestamente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, declaró que los nasos no podían quedar en lo que son tierras privadas y pidió al gobernador de la provincia, Simón Becker ejecutar la orden de desalojo al más tardar el 15 de este mes.

El licenciado José Isaac Acosta, director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, discrepa.

Dijo a La Estrella que “las 35 familias [de San San y San San Druy] han sido invitadas a iniciar un proceso de acercamiento y reubicación”. Negó que el ministro haya exigido su desalojo.

La carta a Santiago Cantón, sin embargo, dice que “es imperativo que la comisión emplea sus recursos para proteger a los nasos de esfuerzos a desalojarlos de sus tierras ancestrales”.