Sobre imposiciones tributarias y seguridad social

GENARO LÓPEZ*

Dos temas preocupan hoy día a la población, además de los innumerables problemas ya conocidos, pero no atendidos: desempleo, alto costo de la vida, inseguridad, impunidad, concentración del poder, autoritarismo que afecta el derecho a la organización de los trabajadores, aumento del costo del agua potable, entre otros. Estos temas son los que recientemente ha divulgado el Gobierno: las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social y las reformas tributarias.

Aun cuando no se conoce la totalidad del contenido de los proyectos de reformas, la población se encuentra alerta con respecto al aumento del ITBMS que quedaría en un 7%, con lo cual sin lugar a dudas se encarecerá el costo de la vida, sobre todo el de los trabajadores y también el de aquellos que no reciben ingresos de manera regular. Este intento de los gobernantes de imponer medidas lesivas a los intereses de los sectores populares revela las verdaderas intenciones e intereses del equipo de Martinelli, que se contradicen con sus promesas de campaña de disminuir el costo de la vida. Demuestra la demagogia que acompaña sus acciones desde el primer momento en que asumieron el poder.

Esto indica que el sistema tributario sigue profundizando la diferencia entre ricos y pobres, porque se hace más regresivo. El gobierno sigue, igual que los anteriores, aplicando medidas que responden a las imposiciones de los organismos internacionales bajo la política económica neoliberal que, en materia tributaria, buscan gravar con mayor intensidad el consumo en lugar del ingreso. Esto se corresponde con el alto nivel de desempleo e inestabilidad laboral que impera.

En el caso del Seguro Social, los asegurados, funcionarios y la población en general se encuentran en estado de alerta, porque las pretensiones están orientadas a aumentar el número de años que se deben trabajar para alcanzar la estabilidad laboral lo que va a colocar a los trabajadores en un estado de mayor incertidumbre de la que viven actualmente; se pretende obligar a una cantidad significativa de funcionarios a que se retiren antes de que logren su edad de jubilación, con el propósito de utilizar las partidas de estos trabajadores para cubrir los altos salarios de los nuevos nombramientos, allegados al director y al Gobierno; se busca dar mayor poder al director en el manejo del dinero de los asegurados, aumentando el valor de las compras directas que puede hacer y otorgándole un control directo del presupuesto, sin necesidad de pasar por la fiscalización que se requiere. Recordemos que se trata del dinero de los asegurados, por lo que no se pueden tomar decisiones sobre nuestros recursos sin consultarnos.

Las reformas a la Ley de la CSS relacionadas con los beneficiarios mantienen a la población alarmada, porque se trata de la salud de la sociedad panameña y voceros del Gobierno han planteado en reiteradas ocasiones que el Seguro Social no debe atenderlos y por ello se pretende eliminarlos o reducir los servicios que se les brinda. El Gobierno nunca ha reconocido que la atención de salud de los beneficiarios debe ser cubierta con los recursos del Estado, como la Constitución ordena, y no de los asegurados. El Gobierno debe pagarle a la CSS esta atención. Contrario a ésto, sectores empresariales vinculados al Gobierno insisten en conseguir moratorias para el pago de las cuotas que ya han descontado a los trabajadores y que han retenido de manera ilegal.

Cualquier intención de modificar la ya violentada Ley Orgánica de la CSS constituye una violación a la autonomía de la misma y atenta contra la vida y seguridad social de la población. Las reformas a los impuestos, por su parte, tienen como resultado un encarecimiento de los bienes y servicios que requieren las personas para satisfacer sus necesidades.

Frente a esta realidad convocamos al pueblo panameño a organizarse y luchar para frenar la política autoritaria que impone el gobierno empresarial de Martinelli, que contribuye a deteriorar más la ya difícil situación que viven los sectores populares.

En esta vía, la Coordinadora de Lucha por el Derecho a la Vida y la Dignidad del Pueblo, en el encuentro nacional de dirigentes realizado el sábado 30 de enero, decidió efectuar acciones de denuncia y movilización a nivel nacional, a fin de enfrentar las medidas que atenten contra los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de la población.

Como vemos, hoy más que nunca, se revela, con mayor claridad que: “ Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos ”.

*Secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com

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