Abogados del SUNTRACS aseguran que la Corte está a las órdenes de la Policía

[Foto: Didier Magallón/ElSiglo]

Antonio “Toñito” Vargas, tildó de abusivo, arbitrario y desproporcionado el accionar de la fuerza pública durante el día de ayer.

REDACCION LA ESTRELLA ONLINE
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[05:03:15 pm] Uno de los abogados del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá (SUNTRACS), Antonio “Toñito” Vargas, tildó de abusivo, arbitrario y desproporcionado el accionar de la fuerza pública durante el día de ayer, situación que se ha visto agravada hoy con la decisión del director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, de no permitir al grupo de abogados del gremio tener acceso a ninguno de los 272 detenidos.

Confirmó que a las 8:15 de la mañana presentó un primer “hábeas corpus” en contra de Gustavo Pérez que fue admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le solicitó un informe de conducta al Director, informe que éste no ha presentado todavía, porque parece que “ahora la Corte está debajo de la autoridad de la Policía Nacional” . Peor aún, y según explicó el abogado, Pérez decidió enviar a los detenidos a La Joyita en horas de la noche, negándole a sus familiares y abogados el acceso a visitas y alimentos.

Vargas denunció que incluso hoy el director del centro penal prohibió a todos los abogados de los privados de libertad visitar a sus defendidos, lo que resulta “absurdo, porque todo queda relegado a la voluntad de un Ministro -Mulino-, a pesar de que se trata de un abogado y tener una historia de civismo y derechos humanos que hoy ha olvidado”.

Debido a esto en horas de la tarde presentó un segundo “hábeas corpus”, esta vez en contra del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, ya que el funcionario ha admitido en los distintos medios de comunicación que no les dará libertad a los obreros hasta que se les ponga a órdenes de las autoridades competentes.

El asunto, dijo Vargas, es que el irrespeto a las garantías constitucionales se dan en la medida en que ninguno de los detenidos, a más de 24 horas de su detención, ha sido conducido ante una autoridad competente, llámese Corregiduría, algún tribunal o el propio Ministerio Público (MP); “tampoco reposa ningún expediente de ellos en la DIJ”, reclamó el jurista.

Corresponde presentar las denuncias y las pruebas para que se les pueda seguir el debido proceso, de lo contrario se trata de un claro atentado contra los derechos humanos de los detenidos, posición que han apoyado en anteriores ocasiones miembros de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil.

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