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Seguridad ciudadana
![]() Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que América Latina es actualmente la región más violenta del mundo. Una combinación del aumento de las expectativas en la población más pobre y la disminución de las oportunidades para los sectores de menor educación, es la combinación perfecta para que prospere el crimen organizado.
Esta realidad está llevando progresivamente a más jóvenes marginados, a participar en delitos que hacen estragos en las áreas más desarrolladas de las ciudades. Nuestro país no se escapa de esta realidad y según los informes que presenta el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, se abren nuevas amenazas contra la seguridad pública en el país. Las estadísticas de esta dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, indican que en los últimos diez años, se ha producido un incremento impresionante en la criminalidad. En el año 2000, se registraron según las estadísticas del SIEC, 16,061 delitos sobresalientes mientras que en el 2009 ascendieron a 33,610, es decir, un incremento del 109%. Lo más destacado de estas investigaciones es que este incremento de la criminalidad está asociado a las pandillas en las áreas urbanas, especialmente la de Panamá Metro y Colón. Las investigaciones del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales panameño, indican que existe una alta correlación entre el incremento de la criminalidad y el desempleo, la deserción escolar y la densidad de población en las barriadas pobres de las ciudades panameñas. Al correlacionar el incremento del crimen y el desempleo, se encontró un índice de correlación de 0.98, y al evaluarla con respecto a la deserción escolar fue de 0.98 y finalmente, cuando hablamos de la densidad poblacional la correlación fue de 0.92. Estas cifras indican una correlación directa entre la existencia del desempleo, el incremento de la deserción escolar y la alta densidad de población en las barriadas con la criminalidad. A pesar de esto, no hemos visto una estrategia de las autoridades dirigidas a reducir la deserción escolar y a proveer a las barriadas, particularmente las marginadas, de infraestructura social que le permita mejorar la calidad de vida a la familia panameña que vive en esos lugares. Allí donde el desempleo se incrementa, como en el caso de Barú, Veraguas, Colón, para mencionar algunas, se crea el caldo de cultivo para el desarrollo de la criminalidad. Adicional a toda esta realidad, las cifras indican un incremento sustancial desde el 2007 hasta el presente, de las actividades criminales dirigidas por el narcotráfico internacional. En realidad, las organizaciones criminales más complejas, sofisticadas y nocivas para la seguridad ciudadana en América Latina, son de carácter internacional. Entre ellas destacan aquellas dedicadas al tráfico de narcóticos y al lavado de dinero. El tráfico de drogas conlleva cinco graves amenazas para la seguridad de la región y para nuestro país: un incremento radical en los homicidios y otros actos de violencias por el trasiego de narcóticos y por el control de territorios; un aumento en el consumo local de drogas, que facilita o induce a la comisión de delitos ordinarios; un estímulo importante para otras formas de criminalidad organizada; impulsa la corrupción de agentes del sistema de seguridad ciudadana, justicia penal, políticos y empresarios en sectores económicos conexos y finalmente; incrementa la dedicación de cuantiosos recursos para luchas contra este flagelo, que bien podrían dedicarse a otras tareas. Debemos destacar, que la violencia criminal urbana es un fenómeno que se ha estudiado poco y con relación a su causalidad, se le debe abordar como un fenómeno multivariable, no existe una única causa imputable al mismo, más bien, se debe a un conjunto de factores que favorecen su aparición. Para atacar el incremento de la criminalidad en nuestro país, lo primero que debemos hacer es contar con datos confiables que permitan dimensionar el fenómeno, de allí la importancia de los estudios que realiza el Sistema Integral de Estadísticas Criminales. Debemos relevar y analizar las políticas de prevención no penal, en particular las políticas sociales que se desarrollan a partir de los ámbitos oficiales. Cualquiera estrategia debe privilegiar el papel y participación de la comunidad, buscando una mayor coordinación de los agentes estatales con esta. Hay que conformar una fuerza de tarea mixta para el diagnóstico, la definición de políticas públicas y la programación de acciones con participación organizada de la comunidad. También es vital que se redefinan las tareas de la policía en una nueva estrategia de prevención y se busquen mecanismos alternativos a la ley penal, para la resolución de conflictos en lo que participe activamente la comunidad. El gobierno del presidente Martinelli deberá realizar los esfuerzos necesarios, para promover una coordinación efectiva de todas las fuentes de información existentes y las acciones que se llevan a cabo a nivel nacional, buscando optimizar esfuerzos y recursos para lograr una mayor coherencia institucional. *Ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net Publicidad
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