2012-06-15 — 12:00:00 AM — La seguridad pública se ha convertido en una preocupación central del gobierno y de la sociedad, no sólo en Panamá sino en la mayoría de países. Por varias razones: aumento de delitos violentos; incremento de la incidencia delictiva; proliferación de armas de fuego; mayor publicidad de los casos; baja eficacia en la prevención; impunidad; corrupción, e insuficiente sanción de los delitos, entre otras.

En Panamá, se nos dice que las estadísticas de criminalidad señalan una disminución en la cantidad de homicidios y delitos, en comparación con años anteriores. Nadie las cree. Por su lado, los expertos señalan que se ha acentuado la violencia con la que se cometen dichos actos. La percepción general, que es la convicción íntima de los ciudadanos, es que estamos en manos de los delincuentes.

Durante las últimas semanas, en distintos medios de comunicación y programas de opinión, especialistas en las ramas que tienen que lidiar con el problema de la inseguridad, continúan emitiendo sus opiniones sobre las razones que producen e incrementan los hechos delictivos.

Existen opiniones muy divergentes. Algunos culpan al crimen organizado, sin definir en qué consiste y darle una cara identificable. Otros, al narcotráfico y a su incidencia, por la colaboración de las bandas y pandillas que se convierten en sus sicarios. Los académicos culpan a la ausencia de políticas de seguridad por parte del Gobierno e incluso a la violencia doméstica como causas de la inseguridad.

No es posible atribuir a un solo factor el fenómeno delictivo. Es preciso hacer un análisis integral de la situación actual, en búsqueda de alternativas viables y cónsonas con la realidad nacional, tomando en cuenta también los factores externos que influyen e inciden en la inseguridad de nuestro país.

Hoy, nuestro mayor desafío consiste en hacer de la democracia un arma para la preservación de la seguridad de los ciudadanos y sus bienes y haberes y hacer de la seguridad, al mismo tiempo, una herramienta para la vigencia del Estado de Derecho.

Fortalecer la seguridad democrática de Panamá no es un asunto que compete solamente al Gobierno Nacional, sino también a toda la sociedad en su conjunto. Trabajar de manera concertada por parte de distintos sectores sociales e instituciones, en una propuesta de seguridad pública, es la mejor manera de lograr resultados positivos, con el fin de establecer medidas de prevención, mitigación y sanción de la criminalidad, así como la rehabilitación para la reinserción social de los internos e internas en los centros penales panameños.

Para ello es necesario deponer intereses personales, en beneficio de la mayoría. Por eso, nuestra propuesta convoca a los panameños a consensuar estrategias para la seguridad democrática de Panamá. Los panameños hemos sido capaces de llegar a soluciones, cuando de temas vitales se trata. El Canal de Panamá ha sido el mejor ejemplo de lo que aquí exponemos.

Sabemos que no es fácil consensuar y acordar. Nuestra historia está preñada de intentos, sin muchos éxitos. Y sobre este tema de seguridad hemos vivido en carne propia lo que cuesta abrir el entendimiento y comprender que solamente entre todos podemos alcanzar resultados que esperamos.

Me explico: Al ejercer el cargo de ministro de Gobierno y Justicia propusimos, a nombre del Órgano Ejecutivo, un andamiaje legal para transformar las instituciones y formular las estrategias de seguridad del país. Defendimos las propuestas durante la amplia consulta pública realizada para mejorar la seguridad ciudadana. Al tratar de producir consensos, generé muchos antagonismos, algunos legítimos; otros, no tanto. Mucha oposición fue más política que real. Durante ese proceso, parecí impetuoso e intolerante con muchos de los que estaban en contra. Con aquellos que lo fui, hoy les pido disculpas públicas. Ya en privado lo he hecho con quienes me expresaron personalmente sus objeciones durante ese proceso.

Reflexiono: Algunos de los que dirigen los temas de seguridad pueden estar cometiendo el error de no buscar consensos y acuerdos respecto a estrategias efectivas, aun sin percatarse de ello. Pueden sentirse capaces de imponernos su forma de pensar e implementar a sangre y fuego políticas públicas que no consiguen resolver los problemas de inseguridad de nuestros conciudadanos, a pesar de sus advertencias y las de los medios de comunicación social.

Piensan que sólo se les critica y magnifican los riesgos. Al ocupar un cargo público no están preparados para resistir los titulares, glosas, caricaturas y noticias negativas sobre ellos, lo que forma parte de la libertad de expresión e información. Pero es imprescindible que escuchen la voz del pueblo que clama por soluciones efectivas.

Y es que el tener poder político tiende a llenar a algunos funcionarios de soberbia y prepotencia. Actúan a veces peor que los que tanto criticaron. No saben que las personas que ahora les dan espaldarazos por sus acciones, mañana pueden volverles las espaldas. Aunque eso tiene sus ventajas: ayuda a distinguir a los verdaderos amigos, de aquellos que sólo lo son del cargo que se ocupa. A éstos, hay que saberlos identificar a tiempo.

La solución a la problemática de la inseguridad ciudadana está en aplicar medidas de diversos órdenes, que abarquen el amplio espectro de las instituciones y sectores de la sociedad en su conjunto, a fin de asegurar un clima de convivencia pacífica, dignidad y libertad, con un absoluto respeto de los derechos humanos y ciudadanos. Y esto sólo lo lograremos mediante un acuerdo político por la seguridad del país.

ABOGADO