¿Propuestas ambientales adecuadas?

Aunque no me considero un seguidor ferviente del Pacto Bicentenario que fue en realidad una consulta ciudadana amplia sobre el estado de país y gobernabilidad, mantengo un profundo respeto por todas las personas y actores sociales que participaron de buena fe en dicha consulta ciudadana. Sin embargo, resulta lamentable que todo lo acordado en ella parece haber caído en el olvido, incluso para los candidatos que ahora compiten por el liderazgo político del país.

En nuestra región, parece existir una aversión hacia las agendas, especialmente aquellas propuestas por los actores sociales. Observo un discurso que corre en paralelo a cualquier consulta o política existente en el ámbito ambiental, como si no hubiera ningún consenso previo o documento base. Además, noto una preocupante omisión del contenido de las tres Estrategias Nacionales Ambientales (ENA), las cuales también son ampliamente consultadas con la sociedad y expertos técnicos en la materia. Esto me lleva a cuestionar si tiene sentido continuar invirtiendo recursos en funcionarios, consultorías y expertos para diseñar políticas públicas que al final todos ignoran, optando cada uno por su propio camino, sin haber consultado a la sociedad. Es importante recordar que las ENA son instrumentos de gestión ambiental que ordenan las normativas, la gestión ambiental, los retos y las prioridades de atención de los temas por parte del Estado.

Si bien es cierto que los líderes deben ser innovadores en sus propuestas y compromisos, no pueden obviar los avances o etapas de la gestión ambiental en el país. La agenda ambiental de un político no puede limitarse a dos o tres temas aislados, ni tampoco debería ser un listado improvisado de buenas intenciones. Los discursos y propuestas de gobierno deben sustentarse, por ejemplo, en las ENA, que son pautas o esquemas fundamentales para una gestión efectiva.

Por tanto, es fundamental recordar a los partidos y movimientos que compiten por el liderazgo del país la importancia de consensuar sus propuestas o, en su defecto, asumir y mejorar las propuestas existentes del Estado. Esto evitará que se pierdan otros cinco años intentando descifrar cómo abordar un tema tan complejo. Es imperativo que se revisen aspectos fundamentales como la institucionalidad y la gobernanza ambiental en el país. ¿Qué aspectos funcionan y cuáles no? ¿Qué puede mejorarse, eliminarse o cambiarse? ¿Existe transparencia y garantía de justicia ambiental? ¿Cómo podemos controlar la corrupción en los procesos burocráticos? ¿Cómo podemos involucrar verdaderamente a las comunidades locales, organizaciones y autoridades municipales en la gestión ambiental? ¿Cómo podemos incorporar la ética en la gestión ambiental, tanto pública como privada? ¿Cómo podemos simplificar los procesos burocráticos y al mismo tiempo fortalecer la gestión ambiental interinstitucional?

Es saludable que los candidatos cuestionen si el ministerio actual y la legislación ambiental están cumpliendo con su cometido o si sería más efectivo volver a una autoridad rectora con poder y jurisdicción amplia sobre todas las instituciones y empresas privadas. Es esencial preguntarse por qué el proceso de evaluación ambiental se ha convertido en trámites en lugar de soluciones que garanticen una sostenibilidad real. ¿Por qué el sistema de áreas protegidas no está siendo gestionada adecuadamente, resultando en un caos y desorden continuos, mientras perdemos valores naturales excepcionales? ¿Por qué el país no ha logrado implementar un sistema de financiamiento que compense a quienes protegen el medio ambiente y la biodiversidad? ¿Por qué, siendo un país verde por sus bosques y paisajes terrestres y azul por sus ríos y océanos inmensos, somos negligentes con el cuidado de los mares, los bosques y los ríos e ineficientes en el manejo efectivo de las áreas protegidas, las Reservas de Biosfera y los Sitios de Patrimonio Mundial? ¿Cuándo despegará finalmente con fuerza el turismo ecológico, vinculado a su exuberante naturaleza estrictamente protegida?

Responder estas preguntas es fundamental para adoptar los avances que se han logrado en las agendas ambientales del país, que dan bastantes luces sobre la dirección a seguir. Esa hoja de ruta ambiental de un país debe ser consensuada en todo momento y no solo en momentos electorales.

Esperemos que nuestra sociedad exija estas respuestas y que nuestros futuros líderes estén dispuestos a obedecer el mandato popular. Cinco años perdidos en buena gestión de nuevo sería una tragedia imperdonable.