Unicef exhorta a una vida sin violencia para la niñez durante pandemia

La respuesta a la emergencia sanitaria causada por la covid-19 ha modificado patrones de conducta en poco tiempo, sin embargo, siguen estando lejos de diluirse las amenazas y los peligros que se atentan contra los derechos o el correcto desarrollo y desenvolvimiento de la población infantil.

En el contexto actual, aunque los medios digitales han permitido que los niños y las niñas den continuidad a su educación, lo cierto es que las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social impiden que puedan reunirse con sus amigos y jugar en grupos como lo solían hacer hasta hace unos meses, así lo detalla el segundo informe 'Diálogos de Política Pública: a favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes' del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Kyungsun Kim, representante de Unicef en Panamá, reconoció que el confinamiento en el hogar no solo esconde a los niños y niñas de la vista pública, también tiende a ocultar las distintas formas de violencia de las que pueden ser víctimas.

“Los Estados tienen el deber de proteger a los niños contra todas las formas de violencia. El maltrato físico, el abandono, el abuso sexual, así como formas diversas de explotación económica y sexual siguen siendo amenazas reales en las vidas de los niños y las niñas, pese al confinamiento ordenado por la pandemia. Por eso, es necesario desplegar una amplia gama de acciones dirigidas a prevenir la violencia en los hogares, dándoles apoyo psicosocial a los niños y niñas y a los miembros de su familia”, señaló Kim en el documento.

Rosaria Correa, profesora de derecho procesal, que presentó el informe 'Los riesgos del confinamiento: La violencia en el hogar', el pasado 30 de noviembre, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que estamos frente a otra pandemia que es la violencia, la cual define como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Por otro lado, para hacer completo este estudio, Correa, quien también es directora del Observatorio Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Panamá (UP), afirmó que no se pueden perder de vista la Observación General número 13 relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.

“Estos parámetros en conjunto con el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de poner fin al maltrato y a la explotación infantil, deben ser tomados en cuenta para interpretar el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el que establece la obligación de los Estados en la prevención de todas las formas de violencia contra los niños, así como en la asistencia necesaria para la investigación y tratamiento de los casos, incluyendo la intervención judicial”, remarcó Correa durante su intervención en la presentación del informe de Unicef.

Añadió que actualmente, Panamá, igual que otros Estados, cuenta con algunos reportes de cifras e informes de contenido propositivo para atacar la violencia; sin embargo, los esfuerzos siguen siendo pocos en relación con la magnitud del problema.

“La cruda realidad de la violencia anterior a la pandemia en Panamá, se evidencia en el hecho de que el año 2019 cerraba con un registro de denuncias de todo tipo de violencia que apenas nos dibujan la situación real de los niños y niñas, si consideramos los niveles de subregistro”, mencionó.

Así, se registraron 6,883 de denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales 2,461 fueron por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, 280 denuncias de delitos contenidos en el Capítulo II, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, en donde en muchos casos no se puede identificar a las víctimas; el estudio deja muy clara la situación actual de violencia infantil, expresó Correa.

La especialista mencionó que en estos momentos de confinamiento es primordial visibilizar las formas de violencia para lograr su erradicación.

Por su parte, Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó que se habla mucho de la nueva normalidad pero, “¿cuál era esa normalidad que teníamos antes de la pandemia?”.

“Lo que hoy nos dice este estudio elaborado por Rosaria Correa es que realmente nuestra normalidad era la desigualdad, la exclusión y la invisibilidad de este grupo de la población niños, niñas y adolescentes de sus derechos y de sus reconocimientos como personas”, expresó.

Desde su experiencia, aseguró que es importante destacar las realidades que viven “nuestros niños, niñas y adolescentes, bajo el concepto de corresponsabilidad, es decir, que el Estado debe tener una política pública para el enfoque de una familia preparada para sus funciones, para realizar de una manera completa lo que implica la protección de la niñez”, acotó.

En ese sentido, Correa plantea en su informe que es necesario revisar la siguiente interrogante: “¿Qué ocurrirá una vez que se inicie un proceso de desconfinamiento progresivo y sostenido? Contamos ya con la evidencia suficiente para afirmar que, a medida que se reestablezca y se mejore el acceso a las atenciones y servicios, incluidos los de denuncia, se incrementará el número de casos de maltrato físico y emocional, de violencia de género, de embarazos de adolescentes, y de afectaciones psicológicas, como el estrés y la depresión”.

Otras amenazas que enfrentan los niños y niñas provienen del aumento de la explotación laboral y del surgimiento de nuevas redes criminales de explotación sexual, siempre más difíciles de detectar.

Aunque en estos momentos el turismo está restringido, la explotación sexual de personas menores de edad no ha desaparecido, pues podría estar camuflada bajo otras modalidades.

“En general, las acciones policiales ordinarias son poco efectivas para detectar estas actividades criminales que se apoyan en organizaciones clandestinas, con lo que se eleva la magnitud de la amenaza para la niñez”, enfatiza.

“Para los niños y niñas con acceso a dispositivos y comunicación en línea también aumentan los riesgos de violencia y explotación sexual, pues la persecución de estos delitos a través de Internet requiere el desarrollo de capacidades institucionales tanto para la detección, la prevención y la respuesta”, subrayó Correa en el informe.