Defensa de los derechos humanos, una lucha con deudas

El pasado 16 de diciembre la Defensoría del Pueblo de Panamá llevó a cabo su primera conferencia virtual, para conmemorar el Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre desde que en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para llevar el ritmo de la conferencia estuvieron presentes los expositores Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo; Sara Vera, representante de la Asociación para la Prevención de la Tortura, y Sandra Álvarez, directora de Orientación Ciudadana de la Defensoría del Pueblo.

Durante la jornada fue expuesta la importancia de los derechos humanos en la sociedad mundial y cómo han sido impactados por la pandemia. La Defensoría del Pueblo en Panamá es la institución encargada de “promover, proteger y hacer valer los derechos humanos de todos los pobladores del país”, indicó Leblanc.

En su exposición señaló que durante los primeros nueve meses de la pandemia, la institución recibió más de mil 149 quejas, 214 peticiones y mil 1998 solicitudes de orientación en temas de índole civil, laboral, violencia doméstica, procesos migratorios, entre otros.

“La Defensoría del Pueblo se posiciona en estos momentos como el último recurso que tiene el panameño para ser escuchado ante los gobernantes”, expresó Leblanc. Según la recopilación de datos de la institución, entre los derechos humanos más vulnerados durante la pandemia están el laboral, de salud, a la petición, educación y recreación infantil.

De acuerdo con Leblanc, los derechos de los niños han sido más vulnerados que en años anteriores, siendo relegados a “listas de espera y directrices que no toman en cuenta sus necesidades”.

“No es lo mismo que un adulto se mantenga en confinamiento, a que lo haga un niño”, comentó Leblanc, “ellos necesitan espacio para recrearse y poder desarrollar actividades al aire libre. Durante Navidad y Año Nuevo se verán forzados a mantenerse encerrados sin comprender realmente lo que sucede en el país, por lo que habrá que tomarlos como prioridad nacional en el nuevo año”.

Además, señaló que los derechos de las comunidades afrodescendientes, así como de la LGBTIQ, se han visto “altamente vulnerados” durante el confinamiento, pero que ha sido mayor “su defensa e interés desde la óptica poblacional”; sin embargo, para las personas con discapacidad no ha habido un progreso y sus derechos laborales y a la educación se han visto violados gubernamentalmente: “Nos falta mucho por hacer para lograr igualdad en el campo de derechos para las personas con discapacidad”.

Para el representante de la institución, el derecho que más tomará esfuerzos para establecer y reestructurar será el laboral dados los cambios “dentro del ecosistema de trabajo nacional y los altos niveles de desempleo en el país”.

Consideró que la labor de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) tomará “mucho más valor en 2021, dado que el emprendimiento será una herramienta valiosa para la reactivación económica y la generación de empleo”.

Pese a los retos, Leblanc indicó que la institución seguirá “promoviendo la educación acerca de los derechos humanos para que cada ciudadano pueda saber cuándo puede exigirlos” y comentó acerca del proyecto 'defensoría móvil' el cual trata de la movilización de equipos de trabajo de la institución por diversas provincias y comarcas indígenas del país donde “hemos llevado capacitaciones de derechos humanos y procesos de peticiones o quejas con el fin de dar apoyo a las comunidades más remotas”.

Además de la defensa de las comunidades en sectores de difícil acceso, la experta en derechos humanos y oficial de Proyectos en la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Sara Vera, enfatizó la urgencia de tomar las riendas en la protección a las personas privadas de libertad que han sido “invisibilizadas y vulneradas” durante la pandemia. Vera, quien cuenta con más de una década de experiencia en el sistema de justicia penal y reformas penitenciarias de México, anotó que el manejo estatal de las personas detenidas “debe mejorar en su totalidad y tomar medidas para asegurar un trato humano con el acceso debido a la salud, alimentación e integridad física y psicológica”.

Entre los puntos que abordó Vera se destacó el impacto de la pandemia en los derechos de las personas privadas de libertad, quienes conforman este grupo de alto riesgo, y la reflexión de las medidas que han adoptado los gobiernos en torno a la privación de libertad en el contexto de la covid-19.

Las personas detenidas son aquellas que están en las prisiones, albergues infantiles y juveniles, albergues migratorios, hospitales y clínicas psiquiátricas, comisarías policiales, hogares para adultos mayores y cualquier otra institución donde “no le es permitido a la persona en custodia el ejercicio de su libertad ambulatoria o de tránsito”.

“Cabe destacar que antes de la pandemia y el confinamiento, las personas privadas de libertad ya se hallaban en una situación de vulnerabilidad por causa del hacinamiento, sobrepoblación o falta de acceso a servicios de salud, agua, alimentación, entre otros”, enfatizó Vera.

Los retos que aún se enfrentan en los lugares donde residen las personas privadas de libertad se extienden a la falta de habilitación de espacios para promover la sana distancia entre ellos, escasas cantidades de pruebas para la detección del virus y la falta de acceso a productos de salud e higiene durante el confinamiento.

La experta en derechos humanos señaló la necesidad de implementar medidas de seguridad y provisión de acceso a instrumentos sanitarios en lugares donde residan personas con VIH, niños y jóvenes, que garanticen la disponibilidad de servicios médicos y recursos de salud necesarios para cada caso; así mismo, para los albergues de personas adultas mayores y migrantes, “será necesaria la implementación de medidas de detección del virus, medidas alternativas a la detención, bajo el estudio de casos de riesgo, y el acceso a mejores servicios de alimentación y salud”.

El papel de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura se agudiza en este escenario sin precedentes bajo la tarea de monitorizar los espacios y lugares de privación de libertad ya mencionados, con el objetivo de velar por garantizar la dignidad, el derecho de recibir un trato humano y la integridad física y psicológica de las personas.

A su vez, Vera apuntó que será necesario entrelazar estos mecanismos con los planes gubernamentales “ya que son ellos los que conocen todo lo que ocurre a puertas cerradas dentro de los lugares de privación de libertad y están facultados para dar consejo y recomendación a las instituciones nacionales y el Estado”, con el fin de dar una mayor perspectiva y generar “un intercambio de prácticas sanas dentro de la privación de libertad entre países de la región”.

Ante estas recomendaciones dentro de su ponencia, Vera puntualizó que, pese a estar viviendo un momento de cambios constantes, “tenemos la oportunidad de garantizar que la situación actual se convierta en un punto de inflexión y tenga un efecto positivo en la condición de nuestros derechos humanos, y en particular, de los derechos de quienes están en mayor riesgo de sufrir discriminación ahora y después de la pandemia del nuevo coronavirus”.

Para hacer frente a un futuro incierto en Panamá, la directora encargada de Orientación Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, Sandra Álvarez, comentó que “contamos con tres roles que cumplir en el contexto de la pandemia que son vigilar, promover y proteger los derechos de los ciudadanos, por lo que hemos trabajado en mantener activa y accesible la institución durante todo el confinamiento”, comentó.

Álvarez hizo énfasis en los procesos que ha llevado a cabo la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento de la protección ciudadana y la superación de retos “mediante estrategias efectivas que generaban capacitación del personal interno para una mejor respuesta a la población”. Así mismo, indicó la importancia de la población en el rol del funcionamiento eficaz de la Defensoría, a través de las líneas telefónicas gratuitas de 127 (línea directa) y 6670-2222 (línea de consulta ciudadana por WhatsApp), donde se proveerá al ciudadano con información y atención personalizada los siete días de la semana.

“La pandemia no discrimina, y nos ha llegado a todos, haciendo que la vulneración de derechos se convierta en un reto magno que debemos superar en 2021”, anotó Álvarez. Hizo hincapié en que, a través de las estrategias de comunicación digital con la población, se puso en marcha la presencia de la institución en más lugares de la nación, teniendo en cuenta “el acceso digital que está débil en ciertas áreas donde nos hemos movilizado personalmente para recopilar quejas y solicitudes de las comunidades, haciendo que el panameño confíe en que una vez que tomamos la información, podrá recibir una respuesta pronta y completa por parte de los gobernantes”.

Entre los planes para 2021, los representantes de la institución, Leblanc y Álvarez, anotaron que se continuará con la movilización de equipos a las comunidades de difícil acceso, la promoción y educación de los derechos humanos en instituciones nacionales y la sensibilización de equipos de servicio y protección ciudadana como cuerpos policiales, bomberos y de profesión médica en el país.

“Para el futuro podríamos visualizar un aumento en las desigualdades, discriminación y mayor riesgo para las poblaciones vulnerables dada la situación de crisis económica”, agregó Leblanc, “lo que levanta una señal de alerta para seguir trabajando en pro de la educación, promoción y defensa de los derechos humanos como una prioridad nacional”.