Importancia y seguridad del recurso hídrico en Panamá

Actualizado
  • 14/07/2021 00:00
Creado
  • 14/07/2021 00:00
Expertos afirman que se requieren políticas públicas para que el agua potable llegue a todos. Mientras eso ocurre, organismos y universidades trabajan con las comunidades en el monitoreo y talleres para que conozcan la importancia de este líquido
En Panamá se está capacitando a las comunidades para que aprendan a cuidar el recurso hídrico.

El recurso hídrico es un elemento primordial para satisfacer el bienestar y el desarrollo social, económico y ambiental de un lugar. Históricamente el agua ha sido considerada por las sociedades como un recurso infinito, sin embargo, en los últimos años las deficiencias en la disponibilidad hídrica de algunas regiones de América Latina, como Panamá, la degradación de la calidad y cuerpos de agua, los conflictos entre los usuarios en las cuencas y la inequidad en el acceso al agua potable y el saneamiento han provocado un incipiente reconocimiento de la necesidad de una mejor conservación y planificación de los recursos hídricos del país.

Haydée Osorio Ugarte, especialista en recursos hídricos, señaló a La Estrella de Panamá que el país cuenta con este recurso en abundancia ya que “somos una nación rodeada por agua, por lo que hay disponibilidad de esta; sin embargo, no todas las personas tienen o cuentan con acceso a ella como se debe, es decir, agua potable”.

Según Osorio, las razones de que algunas comunidades no cuenten con agua potable en el país son diversas. Una de ellas es que pueden ser de difícil acceso, como las comarcas. “Muchas veces no tienen suficiente disponibilidad del recurso durante todo el año y por ende hay que trasladar la fuente desde la tierra y cruzar hacia la isla con pasos soterrados (que van por debajo del agua de mar)”, reconoció Osorio.

Añadió que en las montañas donde el recurso hídrico es abundante, las comunidades que allí habitan no cuentan con agua potable. En ese caso son poblaciones rurales con alrededor de 1,500 habitantes, que están financiadas u operadas por las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y por el Ministerio de Salud (Minsa), ya que son poblaciones que no podrían mantener estos acueductos, comentó la experta.

Expertos de la Unachi son los que monitorean las aguas.

Añadió que hay comunidades que cuentan con abundante recurso hídrico a su alrededor, pero muchas veces está contaminado, porque al no tener suficiente disposición sanitaria entonces la fuente cercana se contamina y el agua se vuelve muy difícil de tratar.

¿Qué hacer?

Según Osorio, es primordial hacer un diseño y una inversión económica donde se pueda proveer de tratamiento adecuado y disposición de aguas residuales a estas comunidades.

Es importante destacar que a través del diálogo se logran prevenir los conflictos asociados al agua como recurso.

Por otra parte, el Estado debe generar políticas públicas enmarcadas en los próximos 30 años que permitan al país cerrar la brechas de desigualdad que hay en estas comunidades con acciones, y planes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De acuerdo con Christina Sabater, creadora de la Organización Avanzada y quien tiene una amplia experiencia en el abordaje de los riesgos relacionados con los derechos humanos, la participación comunitaria y los derechos al agua, desde 2014 trabajan con 11 comunidades realizando monitoreos trimestrales en fuentes hídricas y tomas de agua.

“El monitoreo de agua participativo comunitario se realiza con las comunidades, asesoradas por un equipo técnico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) de la mano del profesor Marco Tulio Guillén y facilitadores de la organización Avanzar. Los objetivos principales de este proyecto son velar por la potabilidad del agua en las comunidades, en coordinación con el Minsa, y monitorear cualquier cambio en la calidad del agua, natural o provocado por el hombre”, mencionó Sabater.

De acuerdo con la experta, quien ha trabajado estos monitoreos en Guatemala y México, son tres las actividades principales que deben planearse y llevarse a cabo. “La primera es capacitar a las personas que representan a sus comunidades para que entiendan bien todo el tema del agua y cuáles son las posibles influencias que pueden haber de la actividad humana. Lo otro es saber qué es lo que más le preocupa a la comunidad, y por último presentar los resultados de lo que encontramos. La transparencia es uno de los más importantes objetivos”, detalló.

Igualmente, Sabater señaló que aparte de los monitoreos también brindan talleres de capacitación de cómo los pobladores pueden proteger los ríos de la basura y también sobre la importancia de cuidar los árboles porque son los que aseguran que no se sequen los manantiales e impiden la erosión de los suelos.

Un plan

Panamá aprobó en 2016 el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y se creó el Consejo Nacional del Agua para dar seguimiento al mismo. Este plan se aprobó tras la celebración de consultas nacionales, en las que se demandaba a las instituciones garantizar la disponibilidad y acceso al agua para consumo humano.

Bajo el lema 'Agua para todos', estas consultas públicas y abiertas permitieron que grupos organizados del sector privado, autoridades locales y sociedad civil conocieran las áreas prioritarias del plan y enriquecieran el documento con sus aportes. La oficina país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá acompaña a las autoridades en el proceso de celebración de estas consultas, basadas en el principio de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

“Los efectos de la crisis climática son temas que amenazan con socavar décadas de desarrollo en Panamá y el mundo”, describió la PNUD Panamá en su cuenta oficial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), los sistemas comunitarios de agua y saneamiento (SCAS) constituyen valiosas formas de organización en torno a la administración del agua y garantizan el acceso al recurso a una buena parte de la población de América Latina y el Caribe, especialmente a aquella que vive en las comunidades rurales y en situación de pobreza.

Desde febrero de este año, las comunidades más vulnerables de la región, entre ellas Panamá, cuentan con un instrumento para exigir la garantía de su derecho humano al agua y al saneamiento, en el que se reconoce y fortalece la gestión equitativa y sostenible del recurso hídrico: la ley modelo de SCAS del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

“Los temas de agua y saneamiento son prioritarios; cualquier tema que gire en torno a las necesidades básicas de las personas lo es. Es importante seguir impulsando esta ley modelo”, dijo el diputado Elías Castillo, secretario ejecutivo del Parlatino.

El acceso al suministro de agua potable es una necesidad básica de carácter esencial para los seres humanos, lo que les permite satisfacer sus actividades de consumo para el funcionamiento del organismo, preparación de alimentos para la ingesta y su higiene personal, reconoce.

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