Bibliotecas públicas, centros de transformación para las comunidades

A inicios de este año, para ser más específicos, el 4 de enero, fue presentado por el diputado Juan Diego Vásquez, a consideración del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, el anteproyecto de ley 180 “que establece el marco jurídico de las bibliotecas públicas en la república de Panamá”.

En su exposición de motivos, Vásquez establece lo expuesto en la reciente ley General de Cultura que, entre otros puntos, abarca “la protección de las expresiones culturales, el patrimonio cultural y el ejercicio efectivo de los derechos culturales”.

En su artículo 170, dicha ley establece la obligación del Ministerio de Cultura de implementar una política pública de fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país; del mismo modo, el artículo 234 indica que, a partir del año 2022, la Biblioteca Nacional Ernesto 1. Castillero y las bibliotecas públicas dejarán de estar bajo el Ministerio de Educación y pasarán a ser competencia del Ministerio de Cultura. Así mismo se aclara que las bibliotecas escolares se mantendrán bajo la gestión del Ministerio de Educación, aunque con el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, establece el diputado, que más allá de estas disposiciones establecidas en la ley, está el hecho de que las bibliotecas son “ instituciones clave en el desarrollo y ejecución de cualquier política pública en materia de cultura”.

“La biblioteca -y particularmente la biblioteca pública -garantiza el acceso libre y democrático a los libros, que se traduce en un acceso libre no solo a la creación artística y literaria, sino también a la información, la educación y la investigación. Así mismo, las bibliotecas permiten la protección y preservación de las distintas identidades culturales del país, resguardan el patrimonio bibliográfico de la Nación y por lo tanto garantizan la preservación de la memoria a nivel local y nacional”, se explaya Vásquez en la exposición de motivos.

¨Plantea el diputado que “la biblioteca pública tiene el potencial de ser un punto de transformación en las comunidades, es un sitio de acceso libre a la tecnología; como espacio público, permite el ejercicio de los derechos de libertad y participación cultural y se presenta como el espacio óptimo para el intercambio de ideas, el trabajo remoto, la organización de eventos culturales y educativos de toda índole y la formación de ciudadanos activos en el quehacer nacional. La biblioteca es, de este modo, un pilar fundamental en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática”.

Lo anterior plantea cómo debería ser el panorama. Sin embargo, la realidad ha sido completamente diferente a lo largo de la historia del país.

Guadalupe de Rivera, directora técnica de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, durante el conversatorio “Legislar las bibliotecas. Por qué y para qué” que llevó a cabo la Biblioteca Nacional sobre el anteproyecto de ley ofreció algunos antecedentes históricos.

La primera biblioteca pública que tuvo Panamá fue fundada en 1853. y “desde los albores de la república Panamá se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en incorporar la legislación sobre este tema”, explica. La Ley 1 de 3 de enero de 1907 establece el marco para la creación de bibliotecas públicas en algunas provincias o en algunas cabeceras de provincias y asigna un presupuesto de 3 mil balboas.

“La falla de esta ley estuvo en su ejecución debido a que se puso como condición que cada capital provincial en la que se estableciera esa biblioteca, tenía que suministrar el local amoblado y pagar el salario del bibliotecario. Hay que recordar que en ese momento la naciente república se encontraba en niveles incipientes y se daban simultáneamente muchos hechos impactantes tales como la injerencia de intereses foráneos, proyectos de gran envergadura como el ferrocarril, el Canal, la afluencia de inmigrantes el poco interés o la falta de voluntad de los gobiernos de turno en el tema educativo, y culturales”, detalla.

Y a lo largo de la historia, la situación no ha cambiado mucho. Por más de siete décadas todo lo relativo a las bibliotecas públicas se ha regido por la Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica de Educación). Dentro del capítulo IV de dicha Ley (titulado como “Cultura”), los artículos comprendidos entre el 146 y el 152 versan sobre la Biblioteca Nacional, las bibliotecas públicas, aunque también las especializadas y escolares, el depósito legal y el rol del Ministerio de Educación como institución encargada de la administración y mantenimiento de las mismas.

“ Como queda evidenciado, el abordaje de las bibliotecas públicas en el derecho positivo panameño ha sido, hasta ahora, tangencial y no integral, toda vez que su regulación estaba supeditada a unos escuetos siete (7) artículos comprendidos en una ley cuyo objetivo principal era la educación nacional”, deja establecido Vásquez en el anteproyecto de ley.

Y esto ha dado como resultado que en la actualidad, una gran parte de las bibliotecas públicas del país se encuentren en estado de deterioro, muchas sin acceso a internet, con colecciones desactualizadas y con personal y recursos insuficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades en las que se encuentran.

“A pesar del importante rol que juegan las bibliotecas como instituciones culturales, resulta evidente el descuido y abandono que ha caracterizado la gestión de las mismas en las últimas décadas”, agrega el diputado.

Sumamos a estas declaraciones las conclusiones del informe  “Diagnóstico de las Bibliotecas Públicas adscritas a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero” de 2021, preparado por la coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas Olga de Cuevas. en el que se establece que “Las 50 bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas Públicas adscritas a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., son insuficientes para la población que por concepto, misión y servicios bibliotecarios están llamadas a ofrecer, especialmente en zonas rurales, comarcas indígenas, a personas con discapacidad, grupos marginados, vulnerables y recluidos en cárceles, hospitales y hogares”.

Otra realidad es que el número de bibliotecas en lugar de crecer ha ido disminuyendo debido a la falta de recursos humanos económicos y de infraestructura.

El desarrollo de las bibliotecas públicas ha sido lento y con un funcionamiento limitado, a pesar de que la mayoría tiene más de 60 años de existencia y pese a los avances tecnológicos y explosión bibliográfica en diferentes formatos.

En cuanto a su ubicación y tenencia de edificios, presentan “serias dificultades” pues “son limitadas en cuanto a su tamaño, ambiente acogedor, accesibilidad y movilidad interna para todo tipo de usuarios, para las labores administrativas, técnicas y servicios bibliotecarios”.

Sus colecciones son insuficientes y no accesibles y están deterioradas por la falta de un adecuado manejo, procesos de conservación; El recurso humano es limitado y no cuenta con el entrenamiento debido y los presupuestos, son más que limitados (ver cuadros).

El informe detalla minuciosamente las carencias del sistema de bibliotecas públicas, al igual que plantea una serie de recomendaciones.

“Se espera que este pequeño estudio sea asumido como una contribución para el diseño de nuevas rutas que se trazarán a partir de la Ley 175 General de Cultura, en materia de bibliotecas públicas y los derechos ciudadanos”, reza en su resumen.

Su autora, está consciente de que “es un trabajo que no debería hacer yo desde adentro, para no ser juez y parte, pero se hizo con la intención de poder identificar en papel, la situación operativa de las bibliotecas”.

La intención del proyecto es establecer políticas culturales, crear un marco jurídico autónomo que rija las bibliotecas públicas en Panamá, complementando lo dispuesto en la Ley General de Cultura. Busca, además, reformular el concepto tradicional de biblioteca pública, democratizar el uso y acceso a sus espacios y servicios, así como garantizar su función como institución democrática de gestión cultural y de participación ciudadana.

“Decir que esta ley va a ser suficiente, de salida, es un error porque ya en un mes, un año, va haber nuevas formas de bibliotecas que no van a estar amparadas en la ley. De allí, la necesidad de una política pública lo suficientemente flexible o general, amplia, para que estos conceptos no vayan a resultar anacrónicos sino que impulsen a la ley misma a evolucionar conforme al cambio del concepto de biblioteca y conforme al cambio de la propia humanidad”, dijo el diputado Vásquez durante el conversatorio “Legislar las bibliotecas. Por qué y para qué”.

“No pretendo que una ley, a pesar del esfuerzo de tantos profesionales preparados, sea un esfuerzo perfecto. Lo veo muy difícil, además nuestra Asamblea no está acostumbrada a hacer cosas buenas, imagínese ahora, perfectas. Pero vamos a ver que sea lo mejor que podamos hacer”, agregó.

Para Vásquez, más allá de obligar a alguien, es explicar a las autoridades, cuál es la importancia de estos espacios, la importancia de entender para qué sirven y la importancia de que sobre todo, los niños y adolescentes cuenten con estas facilidades culturales.

“Estas legislaciones lo que buscan es poder transformar la forma de ver la cultura, transformar la forma de ver la educación y asegurar que no sea la voluntad o la falta de voluntad de una autoridad local o del gobierno central la que le impida el ejercicio pleno de esos derechos culturales que están en la ley general de cultura y en varias convenciones internacionales a nuestra población”, aseguró.

La vía más adecuada para llevar a cabo este proceso, es a través de los gobiernos locales, aprovechando todo el movimiento de descentralización que se está dando.

“La descentralización es la clave según mi óptica, es la forma ideal en un país como Panamá , pequeño diverso y heterogéneo, para poder solucionar los problemas de abajo hacia arriba y no pretender hacerlo de arriba hacia abajo como se ha hecho hasta ahora”, dijo el diputado, refiriéndose a cómo se toman decisiones en altas esferas sin conocer a fondo las necesidades básicas de cada poblado, corregimiento o provincia.

“La norma de descentralización menciona cómo esta autoridad con los ministerios, cada uno en su área, es la que tiene que definir los criterios que se van a reglamentar para decidir como manejar cada espacio público. Cada una tiene su realidad, pese a que no van atener el monopolio del poder es importante que municipio y junta comunal estén involucrados”, aseguró.

Para María Magela Brenes, directora general de la Biblioteca Nacional, la principal prioridad es sensibilizar a la población y a quienes administran las instituciones vinculadas con este tema.

“Con este marco legal se vislumbran cambios importantes: aprovechando la descentralización de los municipios, que se aporte recursos y voluntades para establecer buenas bibliotecas con personal motivado y calificado, colecciones actualizadas, que sean verdaderos centros de información para sus comunidades y pequeños centros culturales. Por colecciones actualizadas debemos entender también recursos digitales”, Sobre el buen uso de los recursos, considerando algunas malas experiencias reflejadas en los medios de comunicación, afirma que “es esperanzador siempre que las autoridades municipales destinen buenos recursos en las bibliotecas y no en aumentos salariales exagerados y viáticos innecesarios. Eso sería lo grave y vergonzoso”.

Por ello considera la directora, que “el ciudadano debe exigir con respeto, cuidar las bibliotecas teniendo en cuenta en el beneficio que ellas representan para el individuo y la sociedad y para las generaciones futuras. Creo que debe incorporarse un grupo de ciudadanos como voluntarios al trabajo en las bibliotecas y en los programas de lectura. Por ejemplo los educadores jubilados. Las bibliotecas públicas son para todos los estratos de población niños, juventud, los ancianos, discapacitados, etc”.

Para Brenes es doloroso que en nuestras comunidades hay más casinos y “jardines” (el típico rancho con un equipo de sonido y una barra de cantina) que bibliotecas o salas de lectura… “Antes al lado del jardín había una cancha de baloncesto ahora ni eso”, lamenta.

Pero este proyecto, bien implementado y con asignación presupuestaria representa un cambio, principalmente para el panorama de la Biblioteca Nacional. “Sin embargo esta institución debe sentar las pautas, procedimientos, estrategias, etc. para el funcionamiento de las mismas según lo establecido por UNESCO y otras organizaciones internacionales que trabajan permanentemente por el desarrollo de bibliotecas y centros de información”, establece.

Queda todavía mucha tela por cortar. El proyecto se encuentra actualmente en primer debate y luego de su esperada aprobación, debe establecerse una reglamentación en la que quede más que claro, la forma en que el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer los recursos necesarios y luego, los lineamientos para que cada comunidad las administre de la forma más eficiente y eficaz en beneficio de sus habitantes.

“Se pueden hablar de requerimientos técnicos pero hay una realidad política. Uno se da cuenta de las prioridades del gobierno viendo dónde pone la plata. Y este es un gobierno que no ha hecho la inversión que prometió ni la que debe hacer en temas de educación, cultura y en temas de bibliotecas públicas. Por lo que creo que sí, va a ser una preocupación el hecho de la exigencia de la partida que estamos exigiendo al MEF y no es que estamos rogando porque sea mucho, creo que no estamos pidiendo nada”, sostiene Vásquez.

“Juega un papel importante la voluntad política y los valores con los que se manejen las autoridades locales… Y que los ciudadanos ejerzan un papel fiscalizador, que vigilen el uso de esos recursos para su bienestar y el desarrollo de la comunidad”, destaca Brenes.

“El problema es de voluntad y no va a cambiar mientras no haya más bibliotecas, así que hay que ver qué sera primero, el huevo o la gallina”, concluye Vásquez.

Vea mañana “Bibliotecas Públicas, expectativa vs realidad”.