En la búsqueda de la protección legal para los corales panameños

“San Blas, un edén panameño, con islas de origen coralino, está colapsando poco a poco. Hay niños que estudian mientras las aguas del mar les rozan los pies”, explicó María Soledad Porcell, una ambientalista que impulsa un proyecto para la conservación de los arrecifes de corales.

Las islas de la emblemática comarca Guna Yala se están inundando como consecuencia del calentamiento global y la destrucción de los corales. Los indígenas han rellenado los arrecifes para construir sus chozas, pero su método ha provocado la muerte de los ecosistemas que funcionan como una barrera que rompe olas para impedir que el mar continúe su curso. Hoy el mar prácticamente se está tragando el archipiélago panameño. Un estudio elaborado en 2004 a partir de fotografías publicadas en la revista Conservation Biology establece que en tres décadas el archipiélago había perdido 50,363 metros cuadrados.

Un anteproyecto de ley intenta lograr la protección integral de los arrecifes de coral del país.

La iniciativa contempla la mitigación de las aguas residuales que contaminan los corales, la reducción de la dañina pesca de arrastre, la protección de especies de peces esenciales para supervivencia de los ecosistemas y la inclusión de los pueblos indígenas, especialmente los de Guna Yala, en la conservación de las estructuras marinas, explicó Patricia Oviedo, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Según el documento que se promueve para ley de protección de los corales, la principal amenaza de los ecosistemas marinos caribeños es la sedimentación como consecuencia de la erosión excesiva.

Los arrecifes de Bocas del Toro, por ejemplo, no solamente se han visto afectados por las actividades terrestres, sino por el incremento de actividades turísticas, particularmente dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

Por estas amenazas, la salud de los arrecifes coralinos no ha sido monitoreada adecuadamente desde 2013 por falta de financiamiento, aunque los estudios realizados ofrecen un panorama sobre la diversidad de estos ecosistemas.

“Es necesario contar con una norma que atienda las múltiples amenazas que enfrentan estos ecosistemas para asegurar su conservación”, resaltó Oviedo.

Panamá no cuenta con una norma actualizada que proteja los arrecifes de coral ni pastos marinos como ecosistemas. Y la Constitución Política, en su artículo 246, permite la extracción de corales como una fuente de ingresos municipales.

Esta es una disposición obsoleta que data de la Carta Magna de 1972, que no fue eliminada en las últimas reformas del 2004, lo que claramente es incompatible con las obligaciones ambientales internacionales y con la crítica situación actual de la biodiversidad mundial.

La disposición representa un obstáculo para la protección adecuada de los corales considerando que no se puede prohibir completamente su extracción mientras la norma constitucional esté vigente. Por esta razón, la propuesta de ley permitirá la extracción de corales únicamente en circunstancias excepcionales, mientras no se derogue la norma constitucional.

Recientemente, Costa Rica aprobó un decreto para la protección de los arrecifes de coral, sentando un precedente importante en materia de protección legal de los ecosistemas en la región centroamericana.

De igual manera, otros países cuentan con instrumentos jurídicos para proteger los corales por medio de restricciones a la pesca, actividades navieras, turismo y contaminación de fuentes terrestres. Por ejemplo, existe la norma que protege la Gran Barrera de Coral de Australia, que creó una autoridad encargada de administrar y proteger el sitio, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad designado por la Unesco.

Panamá tiene una extensión total de 770 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral, de los cuales 754 se encuentran en el Mar Caribe y 16 en el Océano Pacífico. Pero la extracción de los ecosistemas, los golpes de barcos, los herbicidas y la sobrepesca están atentando contra la conservación de las estructuras subacuáticas.

El Caribe panameño tiene la mayor cantidad de arrecifes coralinos, y el 81% de ellos se encuentran dentro de los límites de la comarca Guna Yala. No obstante, los ecosistemas están sufriendo la mayor cantidad de episodios de blanqueamiento de corales debido al aumento de la temperatura de las aguas marinas ocasionado por el fenómeno de El Niño.

“En sí están muy afectados con el tema de cambio climático. Los gunas son una comunidad que depende específicamente de la pesca. Es esencial incluirlos en este proceso de protección a los corales debido a que dependen de este recurso y tienen que saber mejor que nadie cómo protegerlos y qué medidas se pueden tomar para hacerlo”, agregó Oviedo.

Los arrecifes de coral son los ecosistemas marinos más diversos del mundo. Casi la cuarta parte de todas las especies marinas en el mundo depende de ellos para sobrevivir.

Proveen de espacio y refugio para el desove de los peces, protegen a las costas de la erosión por tormentas y huracanes, son importantes atractivos turísticos y contienen sustancias valiosas para el desarrollo de productos farmacéuticos y el avance de la investigación científica.

Estos ecosistemas poseen un valor tanto económico, como social, ambiental, y cultural, por lo que su protección y manejo adecuado es esencial para garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque son muy valiosos, “hay personas que no los miran de la misma manera y los cocinan a cierta temperatura, los que los hace volverse líquidos y servir para pegar las piedras”, indicó la ambientalista Porcell.