Agua y saneamiento, prioridad ante la crisis por la pandemia de la covid-19

Si bien la gestión comunitaria del agua y saneamiento es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, se trata de un tema vinculado, además, a la salud, la agricultura, el medio ambiente y la vida misma, y que, en el contexto actual de la pandemia, ha cobrado aún más importancia.

A esa conclusión llegaron un grupo de especialistas reunidos este 25 de noviembre en la primera sesión temática de la serie "Sesiones Parlamentarias Hambre Cero", en esta ocasión, sobre gestión comunitaria de agua y saneamiento.

En el encuentro participaron legisladores, miembros del FPH-ALC, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya por medio de sus alianzas con la Cooperación Española, a través de la “Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID – FAO”.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las causas de enfermedad y de muerte en el mundo se asocian al agua contaminada y la falta de acceso a la misma. Frente a este contexto, la reunión sirve como plataforma para fortalecer los marcos regulatorios de los países de la región para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los territorios más rezagados y vulnerables, expresó Adoniram Sanches, coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Sanches, además, reiteró el compromiso de la organización con seguir contribuyendo a la recuperación transformadora de los países de la región.

Gloria Sandoval, directora General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la AMEXCID, por su parte, hizo énfasis en que con la crisis actual aumenta la necesidad de sistemas más inclusivos.

En ese sentido, destacó acciones impulsadas por el Gobierno de México, a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, como la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL) y la Ley Modelo sobre gestión comunitaria de agua y saneamiento del Parlatino.

“A través del programa se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas, técnicos y funcionarios públicos de la región, con la finalidad de identificar prioridades en materia hídrica y transferencia de tecnología, apoyados en instituciones mexicanas expertas en el tema, como el Instituto Mexicano de Tecnologías del AGUA (IMTA)”, agregó Sandoval.

Antes de dar paso a los panelistas, el titular del IMTA, Adrián Pedrozo, presentó elementos técnicos y evidencia científica para argumentar la importancia del tema del agua en la actualidad, así como la urgencia de cambiar el modelo de gestión del recurso hídrico en la región.

“Es importante pensar en las nuevas generaciones; retomar la ética en el quehacer del servicio público y el accionar de las empresas y la sociedad; y tomar en cuenta la evidencia científica para tomar decisiones. Sobre todo, hay que priorizar a las comunidades y los territorios, principalmente a aquellos que se han visto afectados por el actual sistema de manejo y gestión de agua, cuya visión es más bien económica”, dijo Pedrozo, motivando a los parlamentarios a definir marcos jurídicos que abarquen dichos aspectos.

Posteriormente, durante sus exposiciones, los parlamentarios dieron a conocer sus avances relativos a proyectos de ley para apoyar la adecuada gestión comunitaria del agua y saneamiento, y compartieron buenas prácticas validadas en sus respectivos países.

Por ejemplo, el senador Richard Aguilar, miembro del FPH de Colombia, compartió con los asistentes que en su país se está impulsando un proyecto de ley que vincula el agua con el desarrollo rural y el bienestar de los agricultores familiares: la Ley de agricultura familiar y economía campesina de Colombia.

Además, los parlamentarios expusieron áreas de oportunidad para trabajarlas no solo a nivel nacional, sino también conjuntamente a nivel regional, a través de la coordinación interinstitucional, el diálogo político y los lazos de cooperación internacional.

“Tenemos que avanzar en el reconocimiento de los sistemas de agua y saneamiento de manera legal, es decir, a través de los instrumentos normativos nacionales y regionales; garantizar una equidad en la participación de la sociedad en la distribución y gestión del recurso hídrico; y fortalecer el derecho a la salud en las comunidades más vulnerables.”, declaró el diputado Diego del Bosque, miembro del FPH Capítulo México.

El FPH-ALC reúne a cerca de 400 legisladores, provenientes de 21 países y de diferentes grupos políticos, interesados en el derecho a la alimentación adecuada y el desarrollo sostenible.

La diputada Paola Valladares, Coordinadora del FPH en Costa Rica, reconoció a su país como uno de los más avanzados en la región en temas de gestión comunitaria de agua y saneamiento, sin embargo, agregó: “debemos adecuar nuestra legislación sobre el agua respecto a la realidad actual de la economía, nos falta mejorar la instrumentalización de las reformas que hemos hecho y los retos siguen siendo grandes".

Para finalizar, la senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones del PARLATINO, dijo que la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, sancionada este año y a la espera de ser promulgada, constituye un paso más en el proceso de reconocimiento por parte de los países miembros del Parlamento al reconocer el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.

El objeto de la ley en proceso de aprobación es establecer un marco jurídico-técnico de referencia para los países de Latinoamérica y el Caribe que permita a los Estados que integran el PARLATINO, adoptar, fortalecer y complementar políticas públicas, estrategias y legislaciones, de modo que se reconozca y garantice el rol estratégico de los sistemas comunitarios en la gestión o administración del agua, en un marco de justicia hídrica, equidad social, interculturalidad, perspectiva de género, sostenibilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Así mismo, persigue el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en beneficio de los pueblos indígenas y tribales, en armonía, coherencia y alineación con los instrumentos internacionales y buenas prácticas en la materia.