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21 de Oct de 2020

Tecnología

Seguridad económica, deuda de la sociedad con los adultos mayores

Según la Cepal, dos terceras partes de la población mayor de 60 años de Latinoamérica y el Caribe no tienen garantizados sus ingresos. El tema requiere ser abordado de manera multidisciplinaria

El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, según Naciones Unidas, no se visibiliza suficientemente en todo el mundo.

La seguridad económica debe ser parte fundamental de las políticas públicas de los Estados.Shutterstock

Una de estas historias silenciosas es la de Berta. “Tengo 82 años de vida, seis hijos, 23 nietos y cuatro bisnietos. Hace unos años firmé unos papeles que me dieron mis hijos. Después supe que les daba mis tierras y casas en Veraguas, pero eso ya era de ellos sin esos papeles”, relata la anciana con fluidez.

Su voz, a través del teléfono, trae a la memoria sus acentuadas arrugas en el rostro y manos, que en su juventud y vida adulta labraron la tierra “para que mis hijos comieran”.

“Por muchos años trabajé en el campo para ayudar a mi esposo... Ahora vivo en Panamá sola, porque ellos –sus hijos– tienen que atender a sus familias, eso lo entiendo y me alegra cuando me vienen a visitar... La que más está conmigo es una nieta que vive delante de mi cuarto, ella me acompaña a cobrar mi platita y yo le compro lo que me dice”, relata.

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur prevé que entre 2015 y 2030, en todos los países del mundo, habrá un aumento sustancial de población de personas mayores de 60 años. Este crecimiento será especialmente más rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si bien, según las Naciones Unidas, el maltrato de las personas mayores es un tema tabú, ha comenzado a ganar mayor visibilidad como problema en todo el mundo.

Uno de los principales desafíos para los gobiernos y sociedades es garantizar la seguridad económica de esta población.

“La seguridad económica no es más que la capacidad que él o ella tiene para poder administrar y usar sus recursos económicos de manera independiente y en montos suficientes que le garanticen una buena calidad de vida, y no hablamos de excelente calidad de vida sino de buena”, señala Migna Villarreal, coordinadora de Programa de Adulto y Adulto Mayor del Ministerio de Salud (Minsa).

“Es decir”, agrega Villarreal ,“que ellos mismos puedan distribuir adecuadamente todo lo que tienen como recurso económico para satisfacer sus necesidades de alimentación, buena vivienda, vestido, y todo lo que es esencial para vivir adecuadamente”.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dos terceras partes de la población adulta mayor de Latinoamérica y el Caribe no tienen garantizados sus ingresos.

La seguridad económica debe ser parte fundamental de las políticas públicas de los Estados.Shutterstock

Los datos recopilados en la investigación del plan consulta regional, realizado por la red de HelpAge International, evidencian que los adultos mayores, y sobre todo las mujeres mayores del área rural son población de extrema pobreza.

“La pobreza extrema de los adultos mayores es agudizada por su exclusión social, pues generalmente no están incluidos en los planes de desarrollo nacionales como de organizaciones no-gubernamentales, y organismos internacionales”, detalla la Cepal.

Y es que la responsabilidad de garantizar la seguridad económica de la población adulta mayor recae en diversos pilares de la sociedad.

“El Estado no solo tiene que estar dando subsidios y dinero a las personas adultas mayores; pero sí tiene que garantizar que el dinero que se le dé sea bien utilizado”, asegura Villarreal.

Añade que “el Gobierno debe velar porque la economía del adulto mayor sea la adecuada, para llevar buena calidad de vida. En este sentido hay muchas estrategias. El Estado no puede trabajar solo, debe trabajar con las comunidades, con la población y con los representantes de corregimiento”.

“Los representantes deben conocer a fondo el diagnóstico de su población. Si le preguntas a algunos de ellos, ¿cuántos adultos mayores tienes en tu corregimiento o bajo tu área de responsabilidad, ¿cuántos trabajan, viven solos?, ¿cuántos tienen una discapacidad o limitación?, ninguno te va a responder porque no han hecho un diagnóstico comunitario para saber cuál es la realidad de su corregimiento”, cuestiona Villarreal.

De acuerdo con el censo de 2010, la población de adultos mayores en Panamá era de 355,915 personas, sin embargo, se estima que para el año 2025 esta cifra aumente a 597,200 personas (14%), y en 2050 a 1,351,367, representando el 24% de la población del país.

Actualmente, Panamá cuenta con “120 a los 65”, un programa especial de transferencia económica a los adultos mayores (hombres y mujeres) que consiste en la entrega de $120.00 mensuales a las personas adultas mayores de 65 años o más, sin jubilación ni pensión, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza.

Sin embargo, la seguridad económica debe ser parte fundamental de las políticas públicas de los Estados y de las políticas institucionales de los organismos e instituciones internacionales, sean privadas o públicas.

En este orden, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta celebración tiene por objetivo expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de las generaciones mayores.

Adultos mayores y el Covid-19

Las evidencias y las Naciones Unidas establecen que, aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer Covid-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el Covid-19.

Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. “Las desigualdades globales significan que, ya antes del Covid-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales”, pauta las Naciones Unidas. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el Covid-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.

Berta, adulta mayor de 82 años, considera que el Covi-19 “le hace daño a todos, pero a nosotros, los más mayores, nos destruye”.

“Ya nadie me viene a visitar, antes al menos la vecina que es muy buena, conversaba conmigo, ahora estoy sola, mi compañía es la televisión. Mi nieta poca comida me trae porque yo sé, está ocupada, no puedo salir y es un problema mis medicamentos, sino me mata ese virus moriré de estar aquí”, reflexiona Berta, quien asegura que su cuota en esta sociedad ya está cumplida.

“Trabajé y cuidé a mi familia, pagué mis impuestos, estoy en paz con Dios, me gustaría que muchas cosas fueran diferentes, pero no lo soy y no me quejo. Ya he envejecido y aunque tengo mis problemas soy feliz y estoy lista para la voluntad de Dios”, dice.

La seguridad no solo económica de los adultos mayores, sino también la emocional y la física, no dependen únicamente de los Estados, la responsabilidad recae en todas las organizaciones que conforman una sociedad, empezando por la familia.