Regulación y subsidio

Empero, es importante analizar las implicaciones y complejidades que tienen los mecanismos regulatorios, respecto de la Política de Competencia. La regulación de precios, como en el caso que nos ocupa, establece un tope máximo a los precios de los hidrocarburos de manera temporal y se combina con un costo en subsidios de 6 seis millones de dólares lo que no deja de representar un costo de oportunidad elevado, respecto del uso de esos dineros para otros fines de interés social, ante la estrechez fiscal por la que en algunas ocasiones atraviesa la Administración Pública.

En todo caso, la regulación se justifica ante los fallos de mercado, por la no posibilidad de exclusión social en el consumo de un bien necesario, y en consecuencia mantener el precio del mismo. Por ende, regulación y subsidios se constituyen en un binomio integrado. Ejemplos como este se observa en otros mercados, como por ejemplo, en el caso de la electricidad, con el Fondo de Estabilización Tarifaria, para garantizar el acceso y consumo a las familias de menor perfil socioeconómico.

La regulación de precios es sólo una opción temporal y no se puede utilizar dicho mecanismo indefinidamente, por los altos costos sobre el erario público y menos en una economía de libre mercado como la panameña, donde como axioma fundamental. Si embargo, cuando se regula el precio del bien y por convención se adoptan subsidios, se libera del riesgo comercial al agente económico y se garantiza su tasa de ganancia a costa de los recursos del Estado.

¿Qué hacer ante esta situación? En una economía de libre mercado, la competencia es la mejor herramienta para asegurar mejores precios y bienestar a la sociedad en aquellos sectores en los cuales es posible la competencia en ausencia de monopolio, como por el contrario ocurre con los servicios básicos en los cuales la regulación sujeta a metas de eficiencia y calidad de servicio, sí es necesaria por la existencia de monopolio.

En mercados en los cuales existen muchos productores o proveedores, es la eficiencia económica el único axioma que debe prevalecer y no traspasar el riesgo de los negocios privados, a la colectividad.

El Estado debe facilitar las condiciones de entrada de nuevos competidores al mercado y las propias entidades reguladoras deben de igual manera funcionar con esquemas similares, eliminando barreras a la entrada, que obstaculizan la competencia y que como resultado, erogan el bienestar de los consumidores.