Temas Especiales

02 de Dec de 2020

Economía

$1,293.1 millones en contrataciones directas

PANAMÁ. En seis años —2007 al 2012—, el Gobierno Nacional autorizó contrataciones directas por el orden de los $1,293.1 millones a travé...

PANAMÁ. En seis años —2007 al 2012—, el Gobierno Nacional autorizó contrataciones directas por el orden de los $1,293.1 millones a través del sistema PanamáCompra, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), según un informe de la institución.

En total fueron 16,627 procedimientos excepcionales en esos seis años. El método ha sido cuestionado debido a que por su premura puede costarle al Gobierno Nacional hasta un 10% más que si se realiza una licitación.

Sobre la base del informe de la DGCP, se observa que durante la administración del presidente Ricardo Martinelli —al 27 de diciembre de 2012— el monto adjudicado en procedimientos excepcionales sumó $800.8 millones, una diferencia que duplica la dejada por la administración de Martín Torrijos, la cual fue de $492.2 millones.

Pese a que durante su campaña electoral Martinelli criticó las contrataciones directas de Torrijos, los ‘procedimientos excepcionales’ (como se les llama ahora) han continuado, y con mayor frecuencia.

Desde que Martinelli asumió el cargo en 2009, la DGCP registró un monto adjudicado en procedimientos excepcionales por $86.9 millones. Durante la actual administración se han realizado 9,269 actos.

Al siguiente año, fueron $201.1 millones y en el 2011 se registraron 350.1 millones —la cifra más alta—. El año pasado la suma fue por $162.6 millones (ver recuadro).

La Ley No. 22 de 2006, que regula la contratación pública, ha sido modificada en por lo menos seis ocasiones, cinco de estas reformas fueron impulsadas por la actual administración.

‘RANKING’ DE COMPRADORES

El portal de la DGCP fue creado con la finalidad de que las entidades del Gobierno recurrieran al sitio para hacer sus compras. Al cierre del año pasado, las cinco entidades que, según el monto adjudicado, lideraron los procesos son: Tocumen, S.A. ($15.5 millones), Ministerio de Educación ($14.8 millones), Zona Libre de Colón ($11.4 millones), Autoridad de Turismo de Panamá ($8.1 millones) y la Caja de Ahorros ($6.5 millones).

Para el economista Horacio Estribí, los procedimientos excepcionales están mal y son innecesarios, pues son cosas que se pueden planificar, dejando entrever que el Gobierno los utiliza de manera discrecional y antidemocrática. Este sistema merma la competitividad, la transparencia y la rendición de cuentas del país.

‘Lo que antes era una excepción ahora es una regla. Es una repercusión inmediata, pues da pie a la corrupción’, acotó.

Rubén Castillo Gil, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), señaló que hay avances en materia de las contrataciones públicas, pero hay que fortalecerlas, ya que debe ser un sistema más transparente con procesos justos y que estos puedan ser verificables por la sociedad.

En el caso de las contrataciones directas —dijo Castillo Gil— estas deben ser justificadas y, sobre todo, transparentes para que se eviten suspicacias.