El fin de la ANIP tendrá efectos legales, mas no de tipo fiscal

El fin de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP) puede no traer mayores consecuencias a los contribuyentes, pero sí podría dar pie a varias batallas legales, opinaron expertos.

‘No debe haber problemas, al menos desde el punto de vista fiscal’, opinó Adolfo Quintero, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá. Señaló que el regreso de la Dirección General de Ingresos (DGI) solo significará un nuevo destino para los impuestos, pero no afectará el pago de los mismos.

Esto no significa que no habrá ninguna consecuencia luego del cambio, solo que estas serán de tipo legal.

VULNERABILIDAD

El abogado tributario José Rivera señaló que las resoluciones de alcance, cuyo propósito suele ser el cobro de multas o dineros pendientes, hechas a nombre de la institución, podrían verse invalidadas luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que podría argumentarse que la ANIP no era una institución válida y no tenía la autoridad para emitir dicha resolución. El pleito entre abogados tendría entonces que ser resuelto en la instancia correspondiente.

Rivera aplaudió el cierre de la ANIP y acusó a su administrador, Luis Cucalón, de ‘sicario tributario’ y ‘perseguidor’.

‘No había control, era una aberración’, afirmó el abogado. ‘Llegó la hora de rendir cuentas’, añadió.

ACUERDOS INTERNACIONALES

La ANIP jugó un papel clave en la negociación de un Acuerdo Intergubernamental (IGA) con el fisco estadounidense para la aplicación del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) . La ANIP sería la entidad encargada de enviar la información sobre los cuentahabientes en Panamá a su homóloga en Estados Unidos.

Sin embargo, tanto Quintero como Rivera coinciden en que la disolución de la entidad no debe afectar en nada las negociaciones. Simplemente, se continuará bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas.

Camilo Valdés, también abogado tributarista, destacó que el acuerdo nunca fue firmado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. La responsabilidad recae, entonces, en el nuevo gobierno y el ministro Dulcidio De La Guardia.

La creación de la ANIP fue declarada inconstitucional el pasado jueves por la CSJ. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ya había solicitado la renuncia de Cucalón.