"Martinelli actuó ilegalmente", Araúz

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat Pitty, entregó ayer a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, una nota que certifica que el expresidente Ricardo Martinelli utilizó su condición de máxima autoridad para intervenir ilegalmente en los terrenos y derribar la cerca perimetral del empresario, Jean Figali, en la calzada de Amador, el 7 de julio 2009, aseguró Juan Carlos Araúz, abogado de Figali.

Ayer, la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, se presentó en la AMP para verificar e inspeccionar la existencia y contenido de los expedientes administrativos de Grupo F. Internacional.

Barakat Pitty entregó formalmente una nota en la que señala que todas las cuotas estaban pagas al momento en que el expresidente irrumpió. Según el procedimiento legal, la AMP deberá autenticar copias de los expedientes administrativos para que reposen en la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

Araúz señaló que se conoció que los contratos aún se encuentran vigentes y lanzó la interrogante de quién mintió y por qué lo hizo.

Agregó que hay varias denuncias por la desaparición de la cerca perimetral del área de la marina y el vandalizaje de un yate cuyo costo era de más de $1 millón, el cual estaba en las afueras del área de la marina.

‘Actualmente, la Corte maneja una investigación en contra de Martinelli, Alberto Vallarino y todos los ministros y autoridades que estuvieron con el expresidente al derribar el muro perimetral’, manifestó Araúz.

El exministro Alberto Vallarino respondió a través de un comunicado que ‘en calidad de ministro de Economía y Finanzas actué en el marco de la ley. Como responsable de los bienes patrimoniales, participé en las negociaciones con los diferentes concesionarios de Amador, para salvaguardar los intereses del Estado panameño’.

CONSECUENCIAS

Más allá de las denuncias, está el antecedente de que un presidente utilizó su condición de autoridad máxima para manejar y manipular a su gusto información, lo que amenaza la seguridad jurídica de Panamá.

Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, indicó que si reflejamos internacionalmente que nuestras autoridades pueden intervenir en el sector privado sin justificación, la inversión extranjera se afectará.

‘Es cierto que Panamá mantiene incentivos tentadores para las multinacionales y empresas extranjeras, pero si estas sienten que su inversión puede ser afectada, ya sea políticamente o por intereses de terceros, dejarán de invertir’, dijo Estrada.

Por su parte, el economista Rolando Gordón expresó que aún se mantiene la seguridad jurídica de Panamá, pero es necesario que las autoridades culminen cuanto ante con el tema de la corrupción para que no nos veamos afectados como país.