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11 de Nov de 2019

Economía

Planilla estatal asciende a 226,447 servidores públicos

Cifras del INEC hasta noviembre de 2015, la planilla estatal la conformaban 216,286, lo que indica que en un año, la misma se elevó con 10,191 funcionarios

La planilla del sector público ascendió a 226,477 funcionarios en noviembre 2016, un aumento de 10,191 empleados cuando se compara con el mismo mes del año anterior, revela un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Un año antes, en noviembre 2015, el sector gubernamental contaba con un total de 216,286 empleados, añade el reporte oficial.

De acuerdo al informe, de noviembre 2015 a noviembre 2016, las instituciones gubernamentales con mayor aumento del personal permanente y eventuales fueron el Ministerio de Educación, con 2,398 nuevos funcionarios, el Ministerio de Seguridad Pública (1,671), la Universidad Especializada de Las Américas (1,172), el Órgano Judicial (841), la Procuraduría General de la Nación (713) y el Ministerio de Salud (782 empleados).

En noviembre 2016, del total de los funcionarios estatales, 200,272 eran funcionarios permanentes y 26,205 eran empleados eventuales. Desde el punto de vista organizacional, 145,338 laboraban en el gobierno central y 81,139 en las instituciones descentralizadas.

AUMENTO DEL COSTO

El aumento de número de empleados público se vio reflejado en el costo de la planilla estatal. De acuerdo al INEC de la Contraloría, de noviembre 2015 al mismo mes de 2016, el costo mensual de los salarios brutos del sector público aumentó $32 millones por mes, lo que equivale a un incremento de $384 millones por año.

El aumento de la planilla en el sector gubernamental también impactó el costo del presupuesto del gobierno nacional. Para el año 2017, el presupuesto de la nación ascendió a $21,675 millones.

LA PLANILLA ESTATAL

Al crecer la planilla en personal, aumenta el costo presupuestario.

El costo mensual de los salarios brutos del sector público aumentó $32 millones por mes, lo que equivale a un incremento de $384 millones por año, según los datos del INEC de la Contraloría General de la República.

De acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Nacional, el presupuesto general del Estado de 2017 tiene una composición de 49.1 % para atender los gastos de funcionamiento en el gobierno central, gran parte de ellos, para cubrir la planilla estatal. El restante, 34.9% y 16%, es para la ejecución de inversiones y atender el servicio de la deuda pública, respectivamente.

OTROS FUNCIONARIOS

La planilla del sector público que presenta la Contraloría General de la República, excluye la información acerca de la Autoridad del Canal de Panamá, de los patronatos y de los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento, por lo cual el número de empleados gubernamentales es superior.

Al respecto, recientemente se conoció que los prácticos o pilotos del Canal de Panamá alcanzaron ingresos individuales que superan los 550 mil dólares por año. Los ingresos que obtienen los prácticos, no solo son los más altos de todo el sector público, sino también de todo el sector privado.

El informe de la Contraloría General también excluye, en su análisis de costo de la planilla estatal, los pagos realizados por concepto de horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.

La planilla que evalúa la Contraloría General consta de 83 entidades públicas. De este total, 25 instituciones son las que integran el gobierno central, 36 son instituciones descentralizadas, 14 son empresas públicas y 8 son bancos o instituciones financieras públicas.

RECOMENDACIONES

En su reporte, la Contraloría General de la República reiteró a todas las instituciones gubernamentales, su recomendación de que la tasa de contratación de personal que labora en el Estado, se dé sobre lo estrictamente necesario en el marco de los objetivos, los planes estratégicos institucionales, los programas de trabajo, los requerimientos reales orientados a aumentar su productividad y el logro de las metas que tiene cada institución pública, dando cumplimiento a las normas y disposiciones administrativas que guarden el ordenamiento institucional.