Autoridades identifican los sectores más vulnerables de la economía

La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva presentó ayer ante la prensa y el sector privado del país el informe denominado ‘Evaluación de Riesgo de Panamá para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo', donde identifica y clasifica las actividades económicas como de bajo, medio o alto riesgo para el lavado de dinero.

El foro organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue el escenario para revelar los avances que ha dado el país en materia de transparencia, así como tratar el tema de la amenazas, que enfrentan los sectores financieros y no financieros y las recomendaciones para eliminar o mitigar estos riesgos.

El documento de 81 páginas expone que es fundamental que el país desarrolle una estrategia para prevenir el blanqueo de capitales.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, manifestó que ‘con esta herramienta, Panamá salvaguardará mejor su plataforma de servicios financieros y seguirá fortaleciendo su competitividad", "El informe está disponible a partir de ayer en el sitio web del MEF, informó De La Guardia.

Durante su ponencia, De La Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años, de conformidad con los más altos estándares internacionales y como resultado del trabajo conjunto del sector público y privado (Ver recuadro: Avances en el marco legal).

‘El establecer este nuevo marco legal para nuestro país ha sido un trabajo titánico, logrado en un tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado. En febrero de 2016, Panamá salió de la lista gris del GAFI, hoy estamos dando un paso más en la dirección correcta y vamos a seguir avanzando día tras día', indicó el ministro.

Desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros, dirigida por Carlamara Sánchez, ha realizado 66 supervisiones a los sectores de más alto riesgo, como Zona Libre de Colón, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros. De estas supervisiones, se han iniciado once procesos sancionatorios.

Según Sánchez, el 87% de los sujetos obligados que supervisa la institución son sociedades anónimas y el 12% restante se trata de fundaciones de intereses privados.

‘Cada organismo de supervisión ha iniciado con decisión la supervisión basada en riesgo, de sus sectores. Más de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas.

Desde hace algunos días, las entidades fiscalizadoras del sector financieros están publicando la lista de entidades o empresas que tras una evaluación han sido sancionadas, tal es el caso de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Lo anterior fue reafirmado por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien manifestó que ‘t.odos los organismos de supervisión están publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios'.

Por su parte, Gustavo Villa, secretario general de la SBP, explicó que la principal ame naza que tiene el sector financiero panameños son las fuentes externas. ‘El mayor riesgo es cuando desde el exterior vinculan al país en actos no transparentes', sostuvo.

Villa argumentó que ‘para contrarrestar la realidad de las debilidades que enfrenta el sector financiero y robustecer la estructura, actualmente se capacita al recurso humano que trabaja en supervisión. ‘Es la forma de abordar con responsabilidad el tema y dejar la vulnerabilidad al que esta expuesto el sistema', dijo.

En la presentación del informe, Álvaro Alemán, titular del Ministerio de la Presidencia, sostuvo que ‘la prevención del blanqueo de capitales es un esfuerzo de día a día y hay que estar constantemente actualizando las medidas que se toman'.

‘Panamá está adoptando las medidas necesarias para evitar caer nuevamente en la lista gris del GAFI y hay efectivamente una coordinación interinstitucional tendiente a que los esfuerzos del Gobierno sean coordinados y nos mantengamos como un país que esta al día en las tendencias internacionales', respondió Alemán al ser cuestionando sobre la posibilidad de que el país ingrese nuevamente a la lista del GAFI.

En este foro participaron como expositores la consultora internacional Andrea Garzón, el secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Gustavo Villa; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Humberto Brid; el fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt y Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

AVANCES EN EL MARCO LEGAL

Panamá adoptó una serie de regulaciones para ser más transparente y cumplir internacionalmente.

Entre las principales leyes que adoptó Panamá están: la Ley 10 y Ley 34, que criminaliza el financiamiento del terrorismo y penaliza de acuerdo con los estándares internacionales

La Ley 18 eliminó las Acciones al Portador. Desde el 2015, certificados de acciones no pueden ser emitidos al portador. Las acciones de todas las sociedades que tienen relaciones con la banca deben estar registradas e identificar al beneficiario final.

La Ley 23, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permite congelar automáticamente activos vinculados a financiar terrorismo y armas de destrucción masiva.

La Ley 11, asegura los procedimientos para la cooperación internacional en ausencia de tratados que así lo permitan con otras jurisdicciones.

En septiembre de 2016, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley No.363, un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA).

La Ley 51 establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información para fines fiscales con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país.

La ley 52 obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.

Y la semana pasada se presentó en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal (MAC, por su siglas en inglés).