Panamá se prepara para aplicar la NIIF 9 en 2018

Actualizado
  • 02/10/2017 02:00
Creado
  • 02/10/2017 02:00
Leonidas Rey, ‘senior manager' de Financial Services Office, comentó que la norma abarca todo el sector financiero 

A partir del 1 de enero de 2018, las instituciones financieras están forzadas a definir un plan para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por su siglas en inglés).

A casi tres meses de implementarse la normativa, la organización Ernst & Young, ahora conocida como EY, llevó adelante un conversatorio con representantes de los principales bancos, aseguradoras y valores del país, para dar a conocer sus experiencias operativas y técnicas en la implementación de la NIIF 9.

Bismark Rodríguez, de la Oficina de Servicios Financieros de EY, dijo que ‘lo que se discute hoy es la incorporación del concepto de pérdidas esperadas, al reporte financiero, que tiene el cómite de Basilea implementado y ha recomendado a la banca en el mundo.

‘Entre los principales efectos de la norma destaca que a nivel mundial ya hay un incremento en la reserva de deterioro de hasta un 15% en promedio, localmente eso está entre el 10 y 15%. Es decir, que en el modelo de riesgo del portafolio de crédito se incorporan una serie de elementos, que le permiten a la institución financiera saber cuál es el riesgo real de los clientes, más allá de una clasificación cualitativa del regulador', explicó.

Según Rodríguez lo anterior implica que las intituciones tengan segmentada su cartera de clientes en diferentes formas —dependiendo de la naturaleza del banco y sus productos— pues se debe definir la mejor manera de definir el riesgo o incorporar el concepto de la pérdida esperada.

Por su parte, Leonidas Rey, ‘senior manager' de Financial Services Office, comentó que la norma abarca todo el sector financiero y con esta reunión lo que se busca es compartir las experiencias operativas y técnicas sobre la implementación de la normativa, que deben considerar los bancos, seguros y valores al momento de ponerla en marcha, ya que tiene consecuencias a nivel de provisionamiento de gastos que las entidades deberán afrontar.

La medida, que regirá a nivel mundial, fue acordada el 24 de julio de 2014.

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