Reclamo frena licitación por $35 millones

Nuevamente, la compra masiva o por catálogo de vehículos, buses y equipo pesado liviano para el Estado es señalada de irregularidades como discriminación y obstáculos a la libre competencia en favor de actores comerciales tradicionales o allegados al gobierno.

LA COMPRA

El acto público 2017-1-27-0-99-LM-001755

Suministro de vehículos, buses, camiones y equipo pesado liviano para entidades del Estado.

Los proveedores entrarán en el convenio marco vigente por dos años (2018-2019).

El precio de referencia es de $35 millones.

El pasado 31 de agosto de 2017, la Dirección General de Contrataciones Públicas dio a conocer el pliego para estructurar un nuevo catálogo de compra por $35 millones, a través de la selección de proveedores que entrarían en un convenio marco que estará vigente entre el año 2018 y 2019.

El pliego incluye la compra de sedanes, camionetas, microbuses, camiones de carrocería cerrada, pick ups , paneles de carga, minicargadores, retroexcavadoras, entre otros vehículos motores.

La presentación de ofertas estaba programada para mañana, martes 13 de marzo, pero el acto fue suspendido por un reclamo introducido por el abogado Aurelio Alí García, quien sustenta que la última adenda del acto público numerado 2017-1-27-0-99-LM-001755 limita la competencia en detrimento de compañías extranjeras (sin especificar cuáles), al exigirle al proponente un mínimo de diez años de comercialización local de la marca.

Para el demandante, la adenda es ‘ilegal, limitativa de la competencia y parece diseñada para excluir a propósito a las marcas no tradicionales para beneficiar a unos pocos distribuidores asentados en el país'

El pliego para catálogo de compra había sido corregido (Adenda 5) por solicitud de un grupo de empresas interesadas para abrirlo a la competencia con distribuidoras con hasta dos años como mínimo de operaciones en Panamá, como se establecía en los catálogos anteriores.

Esto, según el abogado, le abría el mercado a fabricantes ‘especialmente asiáticos', sin proporcionar nombres, que según él, ahora están en condiciones de competitividad, por acuerdos comerciales que hace diez años no existían, y ahora esperan entrar en la licitación luego de que China estableciera relaciones diplomáticas con Panamá.

ADENDA 6

Pero parece que las automotrices y distribuidoras que quieran entrar al mercado panameño en el umbral de las nuevas relaciones con China tendrán un primer tropiezo en esta compra.

La Dirección General de Contrataciones Públicas introdujo una sexta adenda, volviendo al concepto original de exigir un mínimo de diez años de operación en Panamá, reduciendo la competencia solo a los distribuidores tradicionales de vehículos, buses y equipo pesado del país.

RECLAMO

El 5 de marzo, el abogado Alí García expuso en su recurso que se están violando reglas de libre competencia y que hay un acto de discriminación con el nuevo requisito de diez años de experiencia u operación en territorio panameño.

El reclamo hace énfasis en el numeral 8.14 del pliego de la licitación, donde se estableció por adenda que el proponente haya sido distribuidor autorizado por los últimos dos años y que las marcas ofertadas hayan sido comercializadas en la república de Panamá por diez años o más.

Esta adenda, según el reclamante, ‘limita la competencia del mercado internacional que no ha comercializado vehículos a nivel nacional y menos por la cantidad de tiempo que se exige en este requisito, que solo lo podrán cumplir los nacionales y quizás un par de marcas extranjeras'.

Alí reiteró que se trata de criterios que favorecen o protegen a marcas de comercialización nacional reconocidas, sin competencia de marcas que ‘hoy día están ya en el mercado y que son igualmente favorables para los intereses del Estado'.

‘Nos llama poderosamente la atención que producto de notas y escritos presentados por los interesados, se haya corregido inicialmente y que de manera sorprendente, se haya introducido otra adenda con la regla inicial. Esta decisión deja un mal sabor al mercado internacional', declaró.

El recurso debe ser resuelto ahora por el Tribunal de Contrataciones Públicas.