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18 de Oct de 2019

Economía

Transportistas de Honduras exigen mejoras

De aceptar el proyecto, los transportistas de carga estarían accediendo a participar en una mesa de diálogo con el Gobierno

Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su investidura

El transporte de carga de Honduras se paralizó ayer parcialmente exigiendo el cumplimiento de peticiones hechas al sector gubernamental como la rebaja de combustibles y la revisión de tarifas, entre otras demandas.

La protesta la encabezó el Sindicato Unión Nacional de Transporte Terrestre (SUNTT), que además exige la eliminación de los intermediarios que subcontrata el dueño de la carga, sin pagarles lo justo a los que la transportan.

La presidenta del SUNTT, Lizeth Galo, indicó a periodistas que el paro es para exigir al Gobierno una revisión de la tarifa de peaje, el coste que las empresas les pagan a ellos y el alza de los combustibles.

Añadió que los transportistas de carga están ‘analizando' un proyecto de ley que les envió el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

De aceptar el proyecto, los transportistas de carga estarían accediendo a participar en una mesa de diálogo con el Gobierno para buscar ‘una solución' a los problemas del sector, señaló Galo.

El Gobierno está buscando además acuerdos con los transportistas de pasajeros del servicio urbano, interurbano y de taxis, quienes también exigen incremento de tarifas.

El ministro de la Presidencia indicó que ‘no hay aumento a las tarifas del transporte', en respuesta a versiones extraoficiales en el sentido de que ayer habría un aumento al pasaje en los autobuses, taxis y mototaxis. ‘No estamos discutiendo aumento de tarifas ni vamos a aprobar aumento de tarifa, esa es una posición que tiene el Gobierno', enfatizó el alto funcionario en un canal de la televisión local el día de ayer.

Añadió que la ley establece que deben de revisarse las tarifas, pero que ‘es muy importante que entienda la población que el Gobierno va a defender el bolsillo de los usuarios'.

Según Díaz, si los transportistas y el Gobierno se ponen de acuerdo en cuál es la fórmula que se debe aplicar con todas las variables y aceptar la solución acordada.