La OEA y el Banco Mundial rubrican Acuerdo de Panamá

Actualizado
  • 14/06/2018 02:00
Creado
  • 14/06/2018 02:00
La Organización de los Estados Americanos y el Banco Mundial piden atacar la corrupción en los gobiernos y el sector privado con ‘cero tolerancia' y una adecuada aplicación de las leyes, a todos por igual

En el contexto de los recientes escándalos que azotaron la región y que aún muestran secuelas, entre ellos el de Odebrecht, el Lava Jato y los Panama Papers, por mencionar algunos, los organismos internacionales pidieron cero tolerancia a la corrupción y que Panamá aplique las leyes de manera transparente para impulsar el crecimiento económico sostenido.

JORGE FAMILIAR
BANCO MUNDIAL

‘No debe haber un grupo al que la ley se le aplique con todo el rigor y a otro de manera moderada. La ley se tiene que aplicar a todos por igual',

En el marco del foro ‘Cuentas Claras', realizado ayer en la capital canalera, Luis Almagro, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), planteó que tener cero tolerancia a la corrupción es el esquema que resuelve las cosas, y el que sanea las instituciones y las empresas.

Sin embargo, advirtió que para lograr ese objetivo los gobiernos de los países tienen que tener sistemas de justicia que funcionen y que sean lógicos en su la aplicación de esa justicia. Aunque, según Almagro, la justicia tampoco es ‘linchamiento', sino que simplemente es la aplicación de la norma en función de la responsabilidad de las personas, entendiendo que cada persona tiene que ser responsable de sus acciones.

Por su parte, Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dijo que ‘tolerancia cero' quiere decir que en ningún ámbito sea aceptaple un ‘poquito' de corrupción. ‘El concepto de que mientras se robe un poco, pero se actúe bien, es aceptable, se tiene que acabar', acotó.

En ese contexto, Familiar destacó que las leyes tienen que aplicarse de manera consistente y equitativa para todos y con la misma eficiencia y determinación para todos. ‘No debe haber un grupo al que le ley se le aplica con todo rigor y un grupo al que la ley se le aplica de manera moderada. La ley se tiene que aplicar por igual a todos', afirmó el representante del Banco Mundial.

Por lo tanto, según Familiar, lo que determina qué sucede con una empresa en donde ciertos funcionarios estén involucrados en actos de corrupción debe depender también de los hechos específicos.

El ejecutivo del Banco Mundial señaló que habrá casos que sean graves a tal nivel que la empresa no pueda continuar, pero también habrá otros en donde los que cometieron los actos de corrupción fueron algunas personas y la respuesta judicial debe dirigirse hacia esas personas sin que paguen justos por pecadores.

La otra parte que Familiar cree que es importante destacar es el punto de que no se recargue la aplicación de la ley con más reglas y más requisitos, debido a que generan más oportunidades de corrupción.

‘Mientras más trámites hay, hay más oportunidades para que un funcionario público corrupto, no necesariamente una institución corrupta, pida algo a cambio del sello que se tiene que poner en el trámite respectivo', arguyó Familiar.

Un punto en el que coincidieron los exponentes es en las facilidades que ofrece la tecnología digital, ya que permite monitorear todos los procesos, además de ‘eliminar la tentación' al automatizar los trámites.

Además, hay externalidades positivas porque en la medida en que las empresas y los ciudadanos interactúan de forma digital con sus gobiernos, también las empresas van a interactuar más con sus clientes y eso va a generar más productividad.

ACUERDO PANAMÁ

La conferencia también sirvió como marco para que el Banco Mundial, la OEA y el Gobierno de Panamá presentaran un acuerdo para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los países de América Latina y el Caribe, a fin de combatir la corrupción y atraer mayor financiamiento privado para el desarrollo.

El Acuerdo Panamá contiene una serie de acciones para mejorar la calidad y la transparencia de la información fiscal y financiera, fortalecer la rendición de cuentas en el sector público y mejorar la colaboración entre los distintos actores involucrados en el desarrollo, en concreto los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

El acuerdo incluye acciones como: producción de informes financieros de alta calidad por parte de gobiernos nacionales y subnacionales, el uso de plataformas tecnológicas para las adquisiciones del Estado y la adopción de normas internacionales de gobierno abierto.

Otra medida que contiene el Acuerdo son la prevención y el combate a la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero, así como una colaboración abierta y transparente entre los gobiernos, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

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