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18 de Oct de 2019

Economía

El Ejecutivo vaticina insostenibilidad con reasignación del FECI

El MEF rechaza la aprobación de la modificación a la ley del FECI, pues sostiene que podría derivar en la suspensión del programa de intereses preferenciales hipotecarios y los del propio sector agrícola, incluso

En su inicio, el FECI se creó para emplear la mayor parte de sus fondos en el agro.

El gobierno lanzó una advertencia: de aprobarse la reasignación de recursos del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), tanto el aporte al agro como a las viviendas de interés social sería ‘insostenible'.

Después de casi cuatro meses de que la Asamblea Nacional aprobara por insistencia el proyecto de ley 448, mediante el cual se modifica la Ley 4 de 1994 que lo rige, sigue el tira y jala entre el Ejecutivo y la Asamblea, ahora en el contexto de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que la aprobación de esta modificación podría derivar en la suspensión del programa de intereses preferenciales hipotecarios, así como de los otros programas de interés preferencial del fondo destinados al propio sector agrícola.

Y es que con la modificación a la ley, se reduce del 50% al 30% lo destinado al Tesoro Nacional para el pago de intereses hipotecarios preferenciales, para devolver al agro el 70% del fondo, que inicialmente se había creado para tal fin.

RENTA SUSTITUTIVA

Los especialistas ven con buenos ojos la modificación a la ley del FECI para desarrollar el sector primario; sin embargo, consideran que ‘no' se puede eliminar un impuesto si no se implementa una renta sustitutiva, pues con ello se afectaría el subsidio y las tasas de interés preferencial que tienen las viviendas.

‘Si la modificación a la ley se ejecuta, el gobierno va a tener que buscar otra fuente para subsidiar las viviendas de interés preferencial',

ALLAN CORBETT

FINANCISTA

De acuerdo con el economista Ramón Rodríguez, la posición del MEF obedece a que se va a ver afectado un segmento importante de viviendas, que aunque fortalecería el agro por un lado, desprotegería un sector importante, que es la vivienda.

En ese sentido, el financista y docente universitario Allan Corbett considera que si la modificación a la ley se ejecuta, el gobierno va a tener que buscar otra fuente para subsidiar las viviendas de interés preferencial, pues el panameño —y los bancos— se han acostumbrado a recibirlos.

En esta línea, Rodríguez y Corbett coinciden en la renta sustitutiva, pero dicen que ésta la tiene que proponer el mismo gobierno y no la Asamblea Nacional.

‘Este es el problema de los subsidios, que cuando se quieren quitar, ya la gente los ve como una conquista', señaló Rodríguez.

De hecho, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) —como administradora de la tasa del 1% anual aplicado a todos los préstamos mayores de $5,000— también mostró su preocupación por el proyecto de ley y alertó que en nueve años, producto de las modificaciones a la ley, la reserva disminuyó en $16 millones, o sea, el 40% de la misma.

Inicialmente, el fondo había sido destinado para los proyectos agropecuarios, pero con los años se fue cambiando su estructura, de forma que se fue alejando del agro y pasó a subsidiar otros sectores, también importantes, pero desapegados a su esencia original.

MODIFICACIÓN

De acuerdo con la ley vigente, el FECI destina un 50% de sus recaudaciones al Tesoro Nacional para el pago de los intereses hipotecarios preferenciales.

Sin embargo, el proyecto de ley reduciría este monto a un 30%. En 2017, el Fondo recaudó un total de $253 millones de los cuales, $126 millones se destinaron al Tesoro.

De aprobarse la iniciativa, según el MEF, se estaría asignando solamente $76 millones para financiar el pago de intereses hipotecarios preferenciales.

Considerando el aporte sustancial que representa la actividad de la construcción a la economía nacional y a la generación de empleos, el MEF advierte que esta iniciativa pone en riesgo la dinámica de este sector y reduciría el acceso de cientos de familias de bajos ingresos a una vivienda propia.

La Superintendencia bancaria retiene el 20% en concepto de administración del fondo, monto que, según Corbett, es ‘exagerado' con tantos sistemas electrónicos disponibles hoy en día.

El nuevo proyecto de ley en disputa reduce este porcentaje a 12.5%, lo que, según la Superintendencia Bancaria, agotaría en menos de dos años la reserva técnica porque ya de por sí presenta un déficit operativo anual de unos $8 millones.