Un país chico de obras grandes

Crecer para construir o construir para crecer. Una actividad nacida para satisfacer las necesidades de infraestructura de las ciudades se ha enquistado en los presupuestos estatales y las inversiones privadas, creciendo cada vez más y más, paradójicamente sin eliminar el déficit habitacional y con sobreoferta en ciertas unidades de vivienda.

El crecimiento económico a dos dígitos que rondó los años de la ampliación del Canal dejó una estela de ‘necesidades', a veces creadas, otras veces imaginadas, por las brillantes mentes de los funcionarios que nos gobiernan cada lustro, y que al final nunca terminan de satisfacerse. Se mantienen en un constante ‘necesitar' construir más, más y más.

Así, las promesas de campaña fueron migrando de temas tradicionales como educación y salud para centrarse en hacer obras... porque las molestias pasan, pero las obras quedan..., y garantizan una cuota de agradecimiento ciudadano que puede (pero hasta ahora no ha ocurrido) traducirse en votos para la próxima ronda electoral. Y de pronto, el arte de gobernar, que con tanto esfuerzo intelectual trataron de descifrar Platón o Maquiavelo, se redujo a hacer obras. Hoy el Ministerio de Educación tiene una Dirección de Proyectos que canaliza, en obras, por supuesto, el perdón presidencial a los pecados de las empresas constructoras.

Y es que la construcción pasó de ser un fin a convertirse en un medio. No en vano fue el rubro que más dinero aportó al crecimiento en el primer trimestre de este año, que según el Avance del Informe Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), acumuló $77.9 millones al PIB nacional en este periodo.

Esto, según el mismo documento, gracias a la inversión pública en infraestructura —destacando la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la construcción de la Línea 2 del Metro—. Aunque no creció al mismo ritmo de antes, sin duda la construcción sigue siendo el protagonista estelar de la economía nacional.

Por ejemplo, sólo en movilidad urbana a nivel provincial, el gobierno invirtió $2,009 millones en la Línea 1 del Metro, que originalmente se licitó por $1,452 millones. Otros $173.55 millones se han invertido en mantenimiento y vagones adicionales. Se suma una segunda línea en ejecución, cuya primera fase está pactada por $2,248 millones, más otros $2,225 millones reservados para la tercera línea, que no incluye la estructura de soporte del monorriel que se combinará con la estructura de soporte del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que promete costar, como mínimo, $1,600 millones.

Los préstamos para la tercera línea del metro se pidieron por adelantado al gobierno japonés y se están pagando los intereses sin siquiera tener el puente que lo sostendrá.

La construcción, según lo prometido, devolvería la vida familiar a los miles de panameños que viven en áreas apartadas de la ciudad. La conclusión es evidente. Usuarios que siguen quejándose de la ‘mafia del transporte' y que siguen llegando a sus casas a altas horas de la noche.

La construcción en sí no es el problema. El problema es la combinación con ingredientes como la corrupción, el tráfico de influencias y la falta de visión y planeación estratégica de las autoridades competentes.

Además del dilema que permite a este gobierno tener un ministro de Obras Públicas —exitoso a nivel privado y en pleno ejercicio— ostentar un cargo gubernamental como pasatiempo y no como prioridad, a pesar de los jugosos presupuestos que maneja esa cartera.

Un sinsentido orquestado que hace de Panamá un país de obras faraónicas a precios monumentales, injertadas en medio de calles y aceras que parecen más de una zona de guerra que de una ciudad que aspira a ser la puerta de entrada de América.

NÚMEROS DEL SECTOR

El Gobierno admite en su informe económico que la inversión pública en infraestructura dio mayor impulso al sector al inicio del año. Incluyendo el 83% de avance en el producto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el 74% de avance en la Línea 2 del Metro. La obra privada de mayor envergadura en este momento es la mina de cobre en Donoso, ejecutada por Minera Panamá, con un 73% de avance.

En el primer trimestre se aprobaron $325.5 millones en permisos de construcción residencial y comercial de tipo privado.

La caída fue de 39.9% permisos residenciales y 44.2% permisos no residenciales menos que los aprobados en el primer trimestre del año pasado.

Aun así, en distritos como Chitré y Arraiján los permisos crecieron por el orden del 11%; en Santiago, un 9%.

Además, el área de construcción al primer trimestre se incrementó un 4.9%, principalmente por un crecimiento acumulado de 112.5% en el distrito de David, reveló el MEF.

En el mes de marzo específicamente, se registraron importantes aumentos en el valor de los permisos residenciales en el distrito de Colón, con un alza de 836.4% y en el distrito de Santiago con 764.7%.

CAPAC

Piden extener permisos preliminares

La burocracia es una piedra en el zapato para el sector construcción. Los trámites ponen un frenazo a la histeria de las inversiones privadas.

Por eso en 2015 nació la figura del Permiso Preliminar para el Inicio de la Construcción (PPI), lo que a simple vista ya denota una concesión a las constructoras.

Este permiso permitía a los contratistas comenzar construcciones, reparaciones y adiciones de cualquier tipo de obra, previo registro de los documentos en la Dirección de Obras y Construcciones. El periodo de gracia era de 120 días a partir de la fecha de expedición, y una vez cumplidos, la constructora debía tener el permiso final de construcción o, de lo contrario, suspender la obra.

Según la Cámara Panameña de la Construcción, el Acuerdo Municipal que daba legalidad al PPI se extendió bajo la promesa de actualizar los sistemas, hacerlos eficientes y gestionar los permisos en término perentorio. Dicho acuerdo venció el 12 de junio pasado.

Y según el gremio que aglutina a las constructoras más grandes del país, aunque reconocen ‘algunos avances' en los plazos para el recorrido y expedición de los permisos de construcción, dicen que están muy lejos de contar con la eficiencia, brevedad y la dinámica que requiere el sector.

Y apelando nuevamente al ‘comportamiento decreciente' por el que atraviesa el sector, tal como hicieron para justificar el aumento desnivelado de los salarios en la última negociación de la Convención Colectiva con el Suntracs, pidieron a las autoridades municipales una extensión de 12 meses más.