‘Parcial cumplimiento' muestra informe de Gafilat

A pesar de que en Panamá el proyecto de ley 591 que penaliza la evasión fiscal, y cuyo debate en el pleno se reanuda el día de hoy, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en su último informe, no mejoró la calificación de Panamá en base a sus avances para tipificar el lavado de activos, manteniéndolo en la categoría como de ‘parcial cumplimiento'. Igual que en el año 2017.

Lo anterior forma parte del resultado de la evaluación técnica de Panamá, de diciembre 2018, que publicó Gafilat el pasado miércoles, en medio de la discusión en la Asamblea, en tercer debate, del proyecto de ley 591, que busca tipificar como delito penal la evasión fiscal y castigar con penas de entre 2 y 5 años de cárcel a quien evada tributos superiores a los $300,000.

La iniciativa legislativa, que necesita ser avalada en tres debates para convertirse en ley, ya cumplió un año desde que fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea, en enero de 2018. El Gobierno y un ala del sector privado (entre banqueros y entidades reguladoras) siguen presionando a los diputados para que aprueben el proyecto. El tiempo se acorta y el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del Gafi, con consecuencias que afectarán a todos los panameños, es la posición que pregonan.

Sin embargo, en recientes declaraciones el economista Francisco Bustamante dijo que no cree que con la aprobación de este proyecto de ley se acaben las presiones del Gafi, recordando que aún está pendiente la ley de extinción de dominio, la aplicación del sistema de Erosión de la base imponible (BEPS), que tiene que ver con los regímenes fiscales de las Zonas Libres. También, dijo, está pendiente la inclusión de las fundaciones como ‘supervisables', siendo esta la octava recomendación del Gafi contenida en la última evaluación país que hizo el organismo.

El proyecto de ley 591 también tiene detractores. Uno de ellos es el economista Adolfo Linares, quien considera que una de las razones principales por las que no debe aprobarse este proyecto de ley es porque el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un ‘robo'.

‘El ISR es un robo del fruto producto del trabajo de los ciudadanos. Se debe eliminar, reduciendo la planilla excesiva del Estado con el ITBMS, el cobro de tasas por servicios y los ingresos no tributarios (del Canal de Panamá, dividendos y regalías mineras), basta y sobra', afirmó el economista en su cuenta de Twitter .

En otro mensaje, Linares opinó que ‘al igual que con la ley FACTA, la Asamblea está lista para doblegarse ante el Gafi'.

Por su lado, el economista, Ramón Rodríguez reiteró que la inclusión de Panamá en una lista de GAFI conllevaría graves consecuencias para Panamá, como la pérdida de corresponsalías bancarias, con el riesgo de un colapso financiero, si se agudiza.

¿ENTRARÁ PANAMÁ EN UNA LISTA GRIS O NEGRA DE GAFI?

En su informe de Evaluación Mutua (IEM) de cumplimiento técnico, Gafilat le reiteró a Panamá que ‘esta omisión (tipificación del lavado de activos) impacta en uno de los principales riesgos identificados: la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior'.

CONTRA DE LA PENALIZACIÓN

Las opiniones polarizadas han trancado el debate en la Asamblea.

El Gobierno y el sector financiero abogan por el consenso y la rápida aprobación de la ley.

Gremios de servicios financieros y abogadiles aducen que el país está hipotecando su soberanía.

Asimismo, el documento esboza que la calificación de Panamá no podrá avanzar en este renglón (tipificación del lavado de activos como delito) hasta tanto el país ponga en vigencia las leyes.

Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional será quien tenga la última palabra sobre el destino de Panamá en la próxima reunión de junio 2018, cuando presente la evaluación final del citado informe que Gafilat le remitirá a mediados de febrero.

‘Considerando que los delitos fiscales no fueron aún tipificados como delitos determinantes del lavado de activos), y que la Metodología de Evaluación, como también los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del Gafilat disponen que sólo deben tenerse en cuenta las normas que se encuentren en vigor, la deficiencia señalada por el equipo evaluador se mantiene sin abordar', afirmó el grupo en su informe que también contiene los resultados del 2017 para ser comparados.

De las cuarenta recomendaciones del Gafi, Panamá logró cumplir trece hasta finales del año pasado. Las recomendaciones se dividen en cuatro niveles posibles de cumplimiento técnico: cumplida (C), mayoritariamente cumplida (MC), parcialmente cumplida (PC) y no cumplida (NC).

En la nueva evaluación de diciembre de 2018, Panamá mantiene su calificación de ‘PC' —parcial cumplimiento— en la recomendación número 3, que consiste en unificar la tipificación del lavado de activos y la evasión como delito penal y precedente del blanqueo de capitales, con base a la Convención de Viena y la de Palermo.

Otras de las recomendaciones que mantiene Panamá con la evaluación de PC es la 20 y la 25, sobre el reporte de operaciones sospechosas y transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas, respectivamente.

Por otro lado, el país logró mejorar cuatro de las recomendaciones hechas por el grupo internacional: la de servicios de transferencia de dinero o valores (14), la de aplicación de medidas países de mayor riesgo (19), la de transporte de efectivo (32) y la de estadísticas (33).

‘Panamá viene realizando progresos en relación con el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico de Gafilat', concluyó el organismo en el informe.