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18 de Oct de 2019

Economía

Los peros del proyecto de ley 591 sobre la evasión fiscal

Los diputados cuestionan que la iniciativa se apruebe por la falta de consulta y la subjetividad de la norma. Especialistas piden reestructurarla

Mientras que el Gobierno cruza los dedos para que Panamá no vuelva a caer en una ‘lista gris' del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y presiona a la Asamblea para que apruebe el proyecto de ley 591, que tipifica la evasión como delito, hay quienes se muestran en contra.

Una de las que se muestra reacia a que la norma se apruebe tal como está es la diputada Zulay Rodríguez, quien considera que para este proyecto de ley no se han hecho las consultas ‘con todos los gremios' y considera ‘muy subjetiva' la norma. ‘Queremos que el proyecto de ley sea más discutido', destacó la diputada.

No obstante, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, aseguró en varias ocasiones que sí se han hecho las consultas necesarias y que un año ha sido ‘suficiente' para las discusiones del proyecto.

Según Rodríguez, se opone a la aprobación de este proyecto porque no cree que no vaya a haber cárcel por la defraudación fiscal por menos de $300 mil. ‘Ellos (la propuesta) nos dicen que con $300 mil la gente no va a ir presa. No, eso no es cierto, porque el delito de evasión o defraudación fiscal es el precedente para el blanqueo de capitales', dijo.

Asimismo, cuestionó que ni el Ministerio Público ni el órgano Judicial tienen auditores especializados en materia tributaria y que sean la DGI (Dirección General de Ingresos) o la Contraloría las que se encarguen de ello.

‘¿A quién tú vas a buscar, a cuatro auditores de la DGI, a los de la Contraloría, que se han prestado para manipular pruebas y auditorías, que sean ellos los que digan que hay evasión fiscal?, pues no es una materia especializada. Eso es lo que es el precedente, ya sea por un dólar, dos dólares, tres dólares', arguyó la diputada.

Rodríguez señaló que tampoco está de acuerdo porque se incluye como defraudación fiscal todos los tributos e impuestos a nivel nacional: ‘el no pago de impuesto de bien inmueble, si te equivocaste en la declaración jurada, el impuesto sobre la renta, el IBMS', enumeró.

‘Es una potestad extremadamente subjetiva,' porque ‘pone en peligro' las residencias de los propietarios, indicó la diputada perredista.

Considera que ‘cuando te revalúan tu propiedad (la ley actual establece que los revalúos están suspendidos hasta el 2024) a más de $300 mil, $400 mil o medio millón, se pone en peligro tu residencia y eso es lo que a mí me tiene bastante nerviosa'.

Igualmente, criticó que se hable de penas de hasta tres a cinco años de presión, si el artículo 29 de la Constitución Nacional establece que no puede haber cárcel por deudas ni por impuesto, ni por el no pago de tributos.

‘Queremos que el proyecto de ley 591 que tipifica la evasión fiscal como delito sea más discutido',

ZULAY RODRÍGUEZ

DIPUTADA DEL PRD

Además cuestionó con qué ‘criterio' se va a penalizar la evasión fiscal, ‘si la DGI tiene un procedimiento de jurisdicción coactiva donde hablan de remate de bienes, de propiedades y encima señalan que tú defraudaste por más de 300 mil'.

A juicio de Rodríguez, ‘las investigaciones pueden ser demasiado subjetivas y te van a meter preso'.

Rodríguez dijo que según la DGI, la defraudación por menos de $300 mil debe ir al Tribunal Administrativo y Tributario, cuyos magistrados los nombra el presidente de la República.

‘Al final, la calavera es ñata. Eso es lo que a nosotros nos da temor. Entonces, el Tribunal Administrativo y Tributario, de menos de $300 mil, está sometido al presidente de la República. Y eso es sumamente peligroso', insistió la diputada.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, dijo que el proyecto de ley también podría ser utilizado para la persecución política, si es necesario. A lo que la diputada perredista se opone también.

En este sentido, el consultor en asuntos económicos y bancarios Ricardo M. Alba considera que se necesita un esfuerzo autónomo e independiente más profundo de investigación, análisis y conclusiones por parte de las autoridades de Panamá para demostrar que Panamá necesita establecer la defraudación fiscal como delito sujeto a sanciones penales, independiente de que fuese o no delito precedente del blanqueo de capitales, aparte de las presiones del Gafi y otros organismos internacionales.

Opinó que se necesita mayor competencia profesional y de atención a la conveniencia del país por parte del Gobierno para evaluar y responder debidamente a presión del Gafi, tal como el indicado en las pautas enumeradas anteriormente.

Abogó porque el proyecto de ley sea devuelto por la Asamblea Nacional al Órgano Ejecutivo para que lo reestructure con mayor competencia profesional y apego a los intereses nacionales. Y que los proveedores de servicios de Panamá y otros organismos del sector privado deben analizar la presión del GAFI con mayor rigor profesional y criterios de costo-beneficio.

‘La respuesta del Gobierno de Panamá a la presión del Gafi requiere el uso de la cabeza, los brazos y el corazón, no de las rodillas', remarcó.

El proyecto está en la Asamblea desde enero de 2018 y Panamá tenía como periodo para adaptarlo el 2018 para cumplir con esa normativa de estándar internacional, según la ministra Varela de Chinchilla.

La semana pasada, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el resumen del informe de Panamá que será presentado a mediados del mes de febrero al Gafi para que sea evaluado. En el informe se mantuvo el avance de Panamá con ‘parcial cumplimiento'.

‘Cumplir con la recomendación 3 (sobre delito fiscal) y la 20 (sobre reporte de operaciones sospechosas) era determinante para no caer en la lista de Gafi', puntualizó.

El MEF advirtió de que de no aprobarse el proyecto de defraudación fiscal y entrar en la lista gris le podría causar a Panamá un daño reputacional internacional, pérdida de corresponsalías en los bancos, impacto en el comercio y los negocios internacionales, posible rebaja a la calificación de riesgo soberano y un mayor riesgo equivalente a un costo más elevado para hacer transacciones.