Gobierno derogará ley ‘conoce a tu cliente' para agentes residentes

Actualizado
  • 25/04/2019 02:01
Creado
  • 25/04/2019 02:01
La autorización para presentar el proyecto que deroga la Ley 2 del 1 de febrero de 2011 fue publicada ayer en Gaceta Oficial. La ministra Chinchilla indicó que ya la Ley 23 (abril de 2015) regula a todos los sujetos obligados

El Gobierno se apresta a derogar la ley que regula las medidas para conocer al cliente por parte de los agentes residentes de entidades jurídicas existentes.

La Resolución de Gabinete No. 33 del 23 de abril, que fue publicada ayer en la Gaceta Oficial No. 28760-A, adelanta que el Gabinete autorizó a la ministra de la cartera económica, Eyda Varela de Chinchilla, para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que ‘deroga la Ley 2 del 1 de febrero de 2011'.

Varela de Chinchilla indicó a este medio que, por transparencia, es importante la derogación de la Ley 2, toda vez que el propósito principal por el que esta fue aprobada dejó de tener efecto desde 2016.

Añadió que la Ley 23 de abril 2015 para la prevención del blanqueo de capitales ‘contiene toda la normativa relacionada a agentes residentes y los requisitos de estos con relación a la debida diligencia para el conocimiento y actualización al cliente final'.

Voceros del MEF indicaron que en efecto la ministra Chinchilla acudió ayer a la Asamblea para presentar el citado proyecto de ley, pero no fue recibido porque hacía falta un requisito legal.

La Ley 2 era tendiente a requerimientos internacionales para evitar blanqueo de capitales y demás situaciones, atribuyéndole responsabilidad a los agentes residentes con esta política de ‘Conoce a tu cliente', explicó el abogado Alfonso Fraguela, a título personal.

La iniciativa surge en momentos en que una delegación panameña se encuentra reunida con el Grupo de Acción Financiera (Gafilat) en la ciudad de Miami, Estados Unidos, para hacer un balance de los avances que ha implementado Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales. El cambio más importante, que llegó en enero, casi paralelamente al primer informe de seguimiento intensificado del organismo, fue el de la penalización de la defraudación fiscal por encima de los $300,000 anuales.

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