Proyecto que crea las APP inhabilitará a empresas corruptas

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley que establece el régimen de las asociaciones público-privadas (APP), con al menos trece modificaciones, una de las cuales inhabilita para participar en este régimen a las empresas condenadas por delitos contra la administración publica en territorio nacional o con acuerdos de colaboración judicial.

El proyecto, de 88 artículos, recibió trece modificaciones tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas, y que fue interrumpido por una reunión de bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las cuales surgieron algunas dudas sobre las intenciones de esta iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo.

Una de las modificaciones busca incluir a miembros del sector obrero en el Consejo Consultivo de las APP y que no habían sido considerados en el proyecto original.

De igual manera, se aprobó una modificación para inhabilitar de participar por diez años en los proyectos de la APP, a aquellas empresas que incumplan con la ejecución de las obras y aquellas personas naturales y empresas condenadas por la comisión de delitos contra la administración pública en territorio nacional o con acuerdos de colaboración judicial.

La modificación aprobada establece que: quedarán inhabilitadas para contratar las personas naturales que hayan sido condenadas en los diez años que anteceden a la contratación por sentencia judicial definitiva o que hayan admitido o firmado acuerdos de colaboración judicial donde confiesan o reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública; con pena de prisión por uno o más años por un tribunal panameño'.

La inhabilitación también es aplicable a las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean el 51% o más de las acciones de la sociedad, directores, dignatarios, gerentes, representante legal que hayan suscrito acuerdos de colaboración judicial y hayan sido condenados por los delitos descritos, siempre que los delitos estén vinculados a las actividades de la empresas o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas.

Más transparencia

En tal sentido, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien estuvo presente en el debate, indicó que el tema de la inhabilitación de estas empresas va en línea con lo que se quiere incluir en el proyecto que modifica la Ley 22 sobre las contrataciones públicas

‘Si se pretende modificar la Ley 22 creímos también prudente que estas reformas se incluyeran en esta ley de las APP, que lo que busca es mayor transparencia y una mayor fiscalización de los proyectos', precisó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Economía, Zenobia Vargas, informó que antes de remitir este proyecto al Pleno para su segundo de debate, se realizarán algunas consultas con diversas asociaciones.

Tras la reunión con su bancada del PRD, Vargas indicó que van a tomar la decisión de consultar más el proyecto para que la sociedad como tal se sienta cómoda y forme parte de la aprobación de esta ley.

Mientras que el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Héctor Ortega, manifestó que como organización han planteado la necesidad de un marco regulatorio de las APP, porque el no tenerlo le resta competitividad al país, ya que en otros países donde se ha implementado se ha demostrado que es una herramienta importante para resolver el tema de la inversión pública y prestación de servicios públicos a la población.

En tanto, José Ramón Icaza, representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), manifestó que el gremio respalda esta ley.

‘Hemos estado respaldando esta iniciativa desde 2012. Nos hemos quedado atrás con respecto a distintas jurisdicciones de Latinoamérica por no contar con un marco regulatorio robusto que le dé transparencia y confianza al proceso', indicó.

Por su parte, Nelva Reyes, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), expresó su rechazo a este proyecto, ya que la organización considera que esta iniciativa busca entregarle dineros del Estado al sector empesarial.

‘Este es un proyecto privatizador', enfatizó.