Empresarios reclaman modificación a la ley de contrataciones públicas

Los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) resaltaron que entre los temas que permanecen en el ámbito de acción del la Asamblea Nacional, y cuyo trámite es de especial interés para la sociedad nacional, figuran la Ley de Contrataciones Públicas y al reglamento interno del Legislativo.

Como es de conocimiento general, la ley de contrataciones públicas establece las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realice el gobierno central, las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonios.

“Nuestro gremio reitera la importancia de modernizar el contenido de dicha normativa, entre otras razones en virtud de la puesta en vigencia de la figura de las Asociaciones Público-Privadas, instrumento decisivo para promover la inversión local y extranjera en proyectos de interés público, con el valor agregado de aligerar la presión sobre los presupuestos nacionales. Lo anterior incidirá, igualmente, en la competitividad del país para atraer capitales foráneos y, con ello, la generación de empleo”, manifestó la agrupación en su comunicado dominical, que lleva la firma de Jorge Juan de la Guardia.

“Un componente esencial de los cambios por introducir guarda relación con el establecimiento de mecanismos que, además de garantizar transparencia en los negocios del Estado, aseguren mayor participación de los ciudadanos en la adopción de acciones de interés general”, reclamaron los empresarios.

En cuanto al reglamento interno de la Asamblea Nacional, se trata de un compromiso que los diputados de la República deben honrar frente a sus electores, puesto que alude a la gestión de uno de los pilares fundamentales de nuestra vida institucional, en lo atinente a un desempeño productivo y enriquecedor de los valores democráticos, así como a una exigente rendición de cuentas ante la sociedad. Además, el cumplimiento de esta tarea no puede postergarse más, como no sea en perjuicio de la imagen de la corporación legislativa.