Empresarios preocupados por procedimiento y la gradual reactivación económica

La falta de claridad del cronograma de apertura y reactivación económica llevó este domingo a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a manifestar su preocupación, debido a que no se ciñe una política unificada, concreta e inmediata que tenga como objetivo la recuperación económica bajo los lineamientos sanitarios establecidos.

Ambos gremios reconocen la labor de las autoridades; sin embargo, destacan al desempleo como uno de los problemas directos generados por COVID-19, debido a que la pandemia presente en Panamá desde marzo llevó a las autoridades del Ministerio de Salud ordenar el confinamiento, como medida de mitigación.

Para la APEDE "equilibrar la protección sanitaria y la economía es esencial, ya que en este momento ambas son las caras de una misma moneda, el bienestar social".

El gremio de ejecutivos destacó que "los protocolos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de que las empresas vuelvan a trabajar, son complicados y no garantizan lo que buscan, ya que dan cabida a algunas consideraciones que no están relacionadas con la mitigación del contagio y de fórmulas imposibles de cumplir y auditar".

"Debemos trabajar sobre guías sanitarias adaptables y genéricas, ya que sólo las empresas y sus trabajadores entienden la realidad de su entorno, tal como ha planteado el Ministerio de Salud. Sobre estas guías las empresas tendrán la responsabilidad de establecer protocolos que cumplan con estos lineamientos. Es ilógico que se establezcan criterios de interacción social o porcentajes, sin considerar los espacios de las empresas, el nivel de riesgo por tipo de actividad, el número mínimo de colaboradores que se requieren para operar de forma segura y efectiva o entender claramente los procesos productivos y operativos", informó el gremio de ejecutivos a través de su comunicado.

En el escrito indican que "nos preocupa que a las empresas con más de 51 trabajadores, se les obligue a contratar a un profesional en seguridad ocupacional que tendrá como única función evaluar el protocolo de higiene y seguridad producido por las propias empresas, tomando en cuenta que no existen suficientes profesionales idóneos en este ramo. Además, con la caída de la demanda, las empresas no están en capacidad de contratar personal o servicios adicionales".

Por otro lado, es imprescindible que se establezca una ventanilla única que permita que el proceso de acreditación de las guías sanitarias, sea efectivo y expedito. La burocracia estatal no debe ser otro obstáculo que vencer en el camino por lograr la nueva normalidad.

Se debe entender con claridad que vivimos en un régimen de libre empresa que no puede ni debe ser substituido por la imposición estatal. Las empresas son las más interesadas en promover un ambiente saludable para sus trabajadores, clientes y proveedores, que mitigue la posibilidad de contagio del virus; y en consecuencia tienen todo el interés de producir fórmulas lógicas que lo eviten.

En tanto, Jean-Pierre Leignadier, nuevo presidente de la CCIAP, destacó que "cada día transcurrido, debido a la condición de cierre de los comercios, se afecta la posibilidad de sostener a cientos de miles de empleos, una situación que perjudica tanto a las personas como a las empresas".

Dijo que ahora, más que nunca, el Gobierno Nacional debe ser facilitador de la inversión privada por el bien de la economía nacional. Debe respaldar a empresas y trabajadores para reabrir con orden y responsabilidad. No es momento de trámites burocráticos ni trabas, que apuntan a poner más restricciones y costos a los ya golpeados negocios.

El representante de la CCIAP señaló que las autoridades de salud ahora tienen el reto de balancear las medidas para el control del contagio de COVID-19 con las políticas de apertura económica necesarias que hagan sentido y permitan tanto mantener como generar empleos.

"Entendemos las razones que marcan la cautela para proceder a una apertura que ampare esa nueva normalidad, y estamos a favor de que se dé de forma responsable. No obstante, también hemos de cuidar que, de la emergencia sanitaria y económica, no se caiga en una crisis social por la creciente afectación que la pandemia ha ocasionado", sostuvo Leignadier.

La presentación del Plan “Un Panamá Mejor” y la negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo de una línea de crédito po $300 millones para la micro, pequeña y mediana empresa, urge de cara a inyectar liquidez al proceso de apertura; no obstante, nos preocupan los tiempos, puesto que, a puertas de activar un segundo bloque de sectores económicos, aún se están acordando los términos y las condiciones de este financiamiento.

"Los tiempos de respuestas que observamos no corresponden con los plazos y la urgencia que se necesitan para una apertura ordenada; al no haber un plan articulado que coordine las necesidades de los diversos sectores impactados", concluyó el presidente de la CCIAP.