OCDE advierte de los riesgos de prolongar las medidas de protección laboral

Desde el estallido de la ola de la pandemia de la covid-19, tanto en Panamá, como en otros países del mundo, las autoridades han implementado diferentes medidas de apoyo a los trabajadores, sus familias y empresas frente a las consecuencias que ha venido dejando la crisis.

Como parte de las estrategias, se introdujeron y extendieron esquemas de protección laboral para preservar empleos en empresas que experimentan una reducción temporal en la actividad comercial, así como también cambios en la legislación de protección del empleo con un contrato permanente o para facilitar la contratación o renovación de trabajadores con un contrato temporal, entre otros.

Sin embargo, un nuevo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de que a medida que pasa el tiempo estas herramientas pierden su utilidad y en su lugar pueden ocasionar un efecto contrario si se sostienen empleos que nunca se van a recuperar.

En su informe “Previsión del empleo”, publicado el pasado 7 de julio, el organismo alerta de los riesgos de prolongar los esquemas de protección de empleo y regulación temporal laboral, debido a que supondría que el Estado sostiene trabajos que ya no son viables.

Destacó que los esquemas de protección de empleos, incluso, pueden “impedir” la reasignación de trabajadores a empresas más productivas porque les permite a los empleados mantener sus contratos con la empresa, incluso si su trabajo está suspendido. “Esto (los esquemas de protección laboral) pone los trabajos en riesgo a gran escala”, enfatiza el organismo multilateral en su análisis.

En ese contexto, el organismo considera que a medida que los países salen de la estricta fase de confinamiento, el mercado deberá “adaptarse” a la nueva realidad y eso requerirá la destrucción de empleos en algunos sectores para permitir que crezcan otros.

“Los encargados de formular políticas tienen que encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar un apoyo adecuado para los trabajos que son temporalmente inviables y limitar la medida en que los subsidios alcanzan empleos que de todos modos se preservarían o que serían inviables incluso a largo plazo”, sugirió la OCDE.

Las medidas de protección laboral son múltiples y aunque la OCDE valora los esfuerzos realizados para salvar millones de empleos mundialmente, especialmente en sus países parte, pronostica que es probable que su impacto se profundice significativamente en el futuro.

Si bien aún es muy temprano para evaluar el impacto de la covid-19 en diferentes grupos del mercado laboral, de acuerdo con la OCDE, la primera evidencia sugiere que la crisis ha exacerbado, al menos inicialmente, las desigualdades preexistentes del mercado laboral y los trabajadores vulnerables hasta ahora han estado “pagando” la peor parte de los costos.

“Los trabajadores de bajos ingresos también tienen muchas más probabilidades de trabajar en sectores afectados por cierres y más probabilidades de sufrir pérdidas de empleo o ganancias”, según el organismo multilateral.

En promedio, estima que en todos sus países el total de horas trabajadas cayó un 12.2% en los primeros tres meses de la crisis en comparación con el 1.2% de los primeros tres meses de la crisis financiera mundial. “El impacto acumulado de la crisis de la covid-19 en el empleo y las horas de trabajo es diez veces mayor que durante la crisis financiera mundial en 2008”, alertó.

El consultor laboral René Quevedo, por su parte, coincide con el planteamiento de la OCDE y su pertinencia a la situación laboral de Panamá, toda vez que hoy hay unos 270 mil contratos suspendidos y registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (según los lineamientos de la emergencia que atañe), lo que representa un 31% de los empleos formales del sector privado (873,750).

Añade que si a esa cifra se le agregan los contratos suspendidos y “no” registrados en Mitradel, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), muchos de los cuales “no” serán reactivados y que probablemente representen una cifra del mismo orden de magnitud, se puede afirmar que tras cuatro meses de iniciada la cuarentena y dos de haber reabierto el bloque 2, “por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado hoy está suspendida o ya no existe”.

Insistió en que la covid-19 ocasionará entre 250,000 y 300,000 nuevos desempleados en Panamá antes de que culmine el año, llevando la tasa de desempleo por encima del 20% y trayendo consigo una crisis social “sin precedentes”. “El impacto es inminente e inevitable”, alertó el también catedrático universitario.

Más aún, dijo sentirse preocupado porque se piense que, en enero 2021, “mágicamente” todos los trabajadores suspendidos regresarán a sus empleos y tendrán los fondos “suficientes” para cubrir siete meses de deudas acumuladas, cuando cese la vigencia de la ley de moratoria.

“Esto simplemente no va a ocurrir, por lo que es preciso sincerar la situación y dialogar urgentemente basados en realidades, y no solo con buenas intenciones. Nada cierto depende de algo incierto”, manifestó Quevedo.

A su juicio, la reactivación económica solo ocurrirá cuando se reanime el consumo, lo cual depende del previo levantamiento de las restricciones a la movilidad, una vez controlada la pandemia. Pero, “esto no se vislumbra a corto plazo”, proyectó.

Añadió que luego de varios meses sin ingresos, muchas empresas (particularmente mipymes) habrán “cerrado” sus puertas cuando sean levantadas las restricciones y a otras les será “inviable” operar en el nuevo marco de requisitos de bioseguridad.

En consecuencia, “los contratos suspendidos en esas empresas, registrados o no en Mitradel, no serán reactivados, ante lo que se vislumbra como, ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, una quiebra masiva de mipymes, perjudicando directamente a los trabajadores suspendidos”.

En Panamá, desde mediados de marzo, el Gobierno Nacional estableció medidas en el Decreto Ejecutivo No. 71 del 13 de marzo que reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo y fijó esquemas de protección laboral, como la suspensión de contratos laborales por un periodo de cuatro meses.

A mediados de julio de 2020 propuso extender la suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre de 2020, a través del proyecto de ley 354 que establece “normas temporales” al Código de Trabajo sobre medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la covid-19 y dicta otras disposiciones. La Asamblea Nacional lo aprobó en primer debate el pasado martes 21 de julio.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, sostiene que la propuesta es aplicable únicamente a las empresas que se vieron obligadas a cerrar total o parcialmente sus operaciones, desde el inicio del estado de emergencia nacional y que fueron consideradas en la mesa tripartita económico laboral.

No obstante, la confederación Convergencia Sindical (CS) se manifiesta en contra del proyecto, pues considera que se trata de una propuesta que reforma el Código de Trabajo y “desmejora” los derechos de la clase trabajadora.

“Convergencia Sindical rechaza de manera contundente este tipo de propuestas que no ayudan a generar un clima de estabilidad y que, por el contrario, generan una mayor conflictividad social en el contexto tan delicado como esta pandemia. Ya está bueno de que se siga recargando esta crisis sobre la espalda de la clase trabajadora”, expresa el secretario general de CS, Eduardo Gil.

El también vocero del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), anunció que apelarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), toda vez que es “inaceptable” que se esté pretendiendo aprovechar la pandemia para desmejorar o arrancarle los derechos a la clase trabajadora.

“Están aprovechando la dificultad que tienen los trabajadores para movilizarse y están condenando prácticamente a la familia panameña a permanecer meses, hasta diciembre, con este proyecto, sin que se le garantice la renta básica esencial para la vida”.

De hecho, la OIT también se ha pronunciado sobre la necesidad de que los gobiernos establezcan esta renta básica para “salvaguardar” las vidas y los medios de subsistencia de los grupos vulnerables, según consta en una publicación del pasado mes de marzo.