Ambientalistas presentan proyectos de ley contra la minería metálica en el país

Este jueves un grupo de organizaciones ambientalistas, indígenas y campesinas entregaron un proyecto de ley que busca establecer una moratoria minera nacional en Panamá.

Los grupos, aglutinados en la plataforma "Panamá Libre de Minería presentaron la mañana de hoy ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional la propuesta. 

Con participación de delegaciones de las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, reiteraron su rechazo a la iniciativa del gobierno para la explotación minera por su "alto impacto contaminante" en el ambiente y la población.

El proyecto de ley  busca que el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) no pueda otorgar permisos o concesiones para la exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos en Panamá.

Esto con el objetivo de proteger tomas de agua para consumo humano, áreas de alta biodiversidad, comarcas indígenas y cuencas hidrográficas importantes para el país. 

“Es importante señalar que el actual Gobierno Nacional carece de los recursos para vigilar y fiscalizar la minería metálica a gran escala, una de las industrias más contaminantes del mundo. Por si fuera poco, todas las experiencias de minería metálica en el país han traído más conflictos y escándalos de corrupción”, señaló un vocero.

La iniciativa ciudadana se suma es la segunda propuesta de Ley en rechazo de la minería metálica en Panamá. Anteriormente ya había sido presentado otro proyecto, este busca directamente la prohibición de dicha actividad; esta fue entregada por el presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Daniel Sousa.

La abogada ambientalista, Susana Serracín, y miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), que apoya la propuesta que dicta la prohibición minera, comentó que se encuentran en “pie de guerra” y están utilizando todos los mecanismos legales para encarar a estas empresas mineras y la actitud permisiva que tiene el Gobierno sobre el tema.

“El argumento que tiene el Gobierno sobre que la actividad minera per se sacará al país de los problemas económicos y dará desarrollo social, es un discurso peligroso, que contiene elementos de falsedad”, criticó.

La abogada señaló que no se oponen al desarrollo, pero desean un país próspero con una economía robusta que traiga empleos y vida digna a las comunidades y no enfermedad, muertes y destrucción de la riqueza natural. 

"Apostar por la minería ya no es una solución, ya que solo hemos experimentado que esas empresas no respetan la institucionalidad, se dedican a ser evasivas y causan daños reversibles. Tenemos que ser muy inteligentes y tomar una decisión sabia respaldada por elementos científicos adecuados", manifestó Sarracín. 

“Las autoridades deben ser más responsables a la hora de tomar decisiones delicadas sobre minería porque ello implica el futro de esta generación y las que vienen, tomando en cuenta que Panamá tiene riqueza, actitud forestal y desarrollo para actividades ecoturísticas menos invasivas que no van a dañar los recursos esenciales, como el agua y el suelo”, añadió.

Este documento detalla que el alcance de la prohibición incluye a las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. También prohíbe el uso de químico tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.

En el caso de la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia familiar establece un plazo de 2 años, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, para que se reconvierta en otra actividad productiva; para ello contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera de las instituciones del Estado.

La propuesta dicta que ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en el país, u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines. Quien contravenga esta disposición, será sujeto de las sanciones que la legislación penal determine.

Además, crea la Comisión Científica Ambiental, como órgano encargado de decidir, en todo lo concerniente, la aplicación de la presente ley y estará integrada por representantes y suplentes idóneos con título universitarios en materia científica, sociales, jurídicas y otras relacionadas al ambiente. Serán designados por la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, las comunidades organizadas y los gobiernos locales.

Establece que el Órgano Ejecutivo, por conducto del Mici  y el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en forma coordinada y cumpliendo con lo decidido por la Comisión Científica Ambiental, serán las autoridades competentes para ejecutar, todo lo relativo a la minería y quienes aplicarán las disposiciones de esta ley.

“El Mici y Miambiente, procederán en forma coordinada, conforme lo decidido por la Comisión Científica Ambiental, al cierre de minas metálicas, existentes actualmente en Panamá, en un término no mayor de 2 años, de manera que se responda a los aspectos económicos y sobre todo a la remediación ambiental, de los daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver al país y su población, las condiciones de un ambiente sano y libre de contaminación”, especificó el proyecto de Ley.

El trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos, son los únicos excluidos de la ley, que fija ser reglamentada, en un plazo no mayor de 5 meses, a partir de la entrada de su vigencia.

Ambas iniciativas llegan a dos meses que el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez De la Guardia, informará de la revisión de las políticas mineras, para renegociar las regalías y la concesión, con el proyecto Cobre Panamá, que explota Minera Panamá filial de la Canadiense First Quantum, en Donoso, provincia de Colón.