Proyecto de ley busca asegurar el cumplimiento de la RSE en los contratos de concesión

Un proyecto que establece por ley que todas las empresas que pacten con el Estado presentarán un programa de inversión para el desarrollo de las comunidades máximamente apartadas en cumplimiento de la función de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) será entregado al Ejecutivo para su debida sanción, tras ser aprobado en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

Se trata del Proyecto 581,"que implementa la Responsabilidad Social en los Contratos de Concesiones y dicta otras disposiciones", y cuya  iniciativa legal se extiende a todos los contratos que celebre la República de Panamá. El proyecto de ley se aprobó con una votación de 40 votos a favor.

La iniciativa se sustenta en que la Responsabilidad Social es una política empresarial que está tomando mucho auge en las corporaciones a nivel mundial, ya que es una herramienta que permite mejorar la relación de las mismas con sus públicos objetivos. 

Destaca que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), puede definirse como una "instancia de cooperación e integración voluntaria, por parte de las empresas, en los problemas medioambientales y sociales que se viven en sus entornos".

Subraya que en Panamá es muy conocido el término de Responsabilidad Social, sin embargo su aplicación es vaga o casi nula, refiriéndonos a lo que en realidad es la RSE.

Por lo tanto generar políticas de RSE conlleva una serie de compromisos, deberes y derechos, tanto éticos como jurídicos, que tienen relación con las operaciones internas de la empresa y también con el impacto socioeconómico que generan.

"Todas las definiciones conocidas de Responsabilidad Social coinciden en que la misma agrupa prácticas, estrategias y proyectos de gestión empresarial que buscan un equilibrio entre los ingresos económicos, las relaciones sociales y el impacto ambiental", señala la iniciativa.

Modificaciones

La Asamblea informó que el pleno, previamente a su aprobación en tercer debate, realizó las modificaciones a esta propuesta atendiendo el informe de objeciones del Ejecutivo. Se deberá estipular una cláusula en el contrato de concesión que establezca la obligación de presentar, en un periodo que no exceda de treinta días hábiles, contado desde el inicio de las actividades objeto de la concesión, el diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que llevarán a cabo, así como su plan estratégico de implementación y los beneficios que pretenden alcanzar en la comunidad o provincia.

Según se deja plasmado, su objetivo es poner en práctica actividades socialmente responsables a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, que tiendan a alcanzar objetivos sociales, focalizados en aspectos como la erradicación de la pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los comportamientos responsables con el medio ambiente basados en la prevención y reparación de los daños en los ecosistemas.

También la norma establece que las empresas concesionarias presentarán sus programas y proyectos de Responsabilidad social Empresarial ante la entidad correspondiente. 

Especificó que dichos proyectos deben ser desarrollados, prioritariamente, dentro de la comunidad o provincia en la cual se encuentra la concesión. La entidad respectiva asignará el porcentaje que debe ser designado a la ejecución de Las obras.

Por su parte, el Ejecutivo determinará, dentro de las cláusulas del contrato, los mecanismos de rendición de cuentas y de veeduría ciudadana.

El proyecto de fue presentado el pasado 1 de febrero de 2021 a la Comisión de Economía y Finanzas. Sus proponentes son los diputados Pedro Torres, Luis Carles, Hugo Méndez, Itzi Atencio, Yesenia Rodríguez, Everardo Concepción, Juan Diego Vásquez y la diputada suplente Karen Gutiérrez.