ARPA advierte de argumentos contradictorios de la AMP sobre Ley de Puertos

La Asociación de Armadores Panameños (ARPA), calificó de contradictorio a lo establecido en la Ley No. 56 de 2008, General de Puertos de la República, los argumentos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en relación a un contrato de exclusividad entre el Puerto de Cruceros de Panamá y la empresa Monjasa para el suministro de búnker a cruceros que atraquen en estas instalaciones.

ARPA cuestiona el comunicado publicado por la AMP, en redes sociales, donde desmiente publicaciones, que, según la entidad, hacen “referencia a una supuesta concesión para el expendio exclusivo de búnker a las embarcaciones que hacen uso de las instalaciones del Puerto de Cruceros de Panamá” y “aclara” que “los servicios marítimos auxiliares que son ofertados en las instalaciones portuarias, son controlados por el operador directamente, es decir, que el Gobierno no tiene injerencia en la selección de las empresas contratistas de estos servicios”.

Según esta organización, con este argumento hay una imprecisión interpretativa del Gobierno, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo que constituye una grosera distracción, con el propósito inequívoco de confundir, fusionando las normas del servicio a un puerto y a una nave.

Destacan que, al contrario de lo que señala la entidad rectora de la gestión marítima, los servicios marítimos auxiliares son contratados entre el cliente y la empresa naviera, como en el caso que nos ocupa, entre los duenos de la nave y la petrolera de la que se trate, práctica seguida en Panamá y en todas partes del mundo.

"El generalizar que el operador de puertos controla todos los servicios marítimos auxiliares de un puerto, o que el Gobierno no tiene injerencia en la operación de tales servicios, una vez concesionada una terminal portuaria, es lo mismo que decir que la actividad entera, se ha privatizado sin cumplir con los mínimos protocolos establecidos en las leyes que la AMP se supone que debe cumplir", considera este gremio presidido por Rodrigo Hernández.

Asegura ARPA que el mencionado comunicado, omite las prácticas incorrectas y monopólicas que se pretenden instaurar en los puertos de cruceros, ante la mirada cómplice de AMP, y amenazan con hundir a Panamá hacia nuevas profundidades que afectan su imagen internacional. La AMP regula las actividades y emite licencias de operación a las empresas, por lo cual cobra cánones mensuales y estas organizaciones esperan a cambio, que la entidad sea garante de la libre competencia en igualdad de condiciones.

"Esperamos que el señor Administrador general de la AMP, Noriel Araúz, abandone esta nueva defensa a la ilegalidad de unos cuantos, y aplique los correctivos necesarios para procesar a los responsables dentro y fuera de las oficinas públicas que hayan concebido estos desaciertos que dañan, no sólo a una industria, sino a toda una República. El trabajo de miles de funcionarios, colaboradores y empresarios que trabajan en pro de la ley y el orden a lo largo del país, debe ser honrado con una interpretación precisa de las normas y reglamentos establecidos".