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- 19/06/2013 02:00
PANAMÁ. El Banco Mundial mantiene una instancia de arbitraje conocida como CIADIS, donde Panamá y Estados Unidos acordaron recurrir para...
PANAMÁ. El Banco Mundial mantiene una instancia de arbitraje conocida como CIADIS, donde Panamá y Estados Unidos acordaron recurrir para dirimir disputas comerciales y de inversión en el Tratado Bilateral de Inversiones, (TBI).
Es justamente ahí donde la empresa Transglobal Energy Panama pretende resolver un desacuerdo legal con el Gobierno panameño que podría involucrar el pago de nada más y nada menos que $2,500 millones.
Poco faltaba para las doce del mediodía en Panamá cuando representantes de una reconocida firma de abogados estadounidenses completaba su misión en el Palacio de las Garzas.
El pasado 13 de junio, emisarios de King & Spalding retiraban la copia de una carta sellada con el recibido oficial del más alto despacho de nuestro país.
Habían entregado una nota dirigida al presidente Ricardo Martinelli en la que se le notificaba, como representante de la Nación, que estaban dispuestos a iniciar una ‘disputa de inversión’ invocando el TBI.
Todo surge del legendario caso de Julio César Lisac, un empresario panameño que fue despojado de la concesión hidroeléctrica Bajo de Mina en 2007, misma que fue otorgada días después a Grupo Ideal Panamá S.A., consorcio del magnate mexicano Carlos Slim.
Esto dio pie a una larga pugna judicial que en noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de finió con un fallo que anulaba la concesión de Grupo Ideal y restituyó los derechos de Lisac. ‘Pero nunca una autoridad panameña hizo caso del fallo de la Corte’, dice Lisac al explicar la situación a La Estrella.
Ahora, asociado con el consorcio estadounidense Transglobal Green Energy, Lisac conforma la empresa Transglobal Energy Panama, que teniendo capital estadounidense comprometido en la transacción, invocó el TBI.
Transglobal Panama aún no abandona toda la esperanza de resolver la disputa ‘amigablemente’, según se desprende de la carta enviada al gobierno, pero solo esperarán hasta el 24 de junio por una respuesta oficial. En caso contrario, ejercerán su ‘derecho al arbitraje’.
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