Polémica carta genera ‘discordia’

ECUADOR. Los funcionarios públicos de alto nivel y de libre remoción que no respondan a los objetivos que busca la revolución ciudadana ‘deberán ser separados’ del cargo, advirtió el presidente Rafael Correa al final de un breve recorrido que realizó por la construcción de un edificio ECU 911 en los alrededores del parque Itchimbía.

Sus declaraciones responden a la polémica carta de cinco páginas que el gobernador de Morona Santiago, Juan Rafael Arcos, envió al mandatario el 20 de marzo pasado solicitando la destitución de 23 directores institucionales de la provincia por no acudir a Quito a participar en la contramarcha organizada por el movimiento de gobierno en respuesta a la movilización indígena ‘por el Agua, la Vida y la Dignidad’, que llegó a la capital el 22 del mismo mes para exigir al gobierno frenar la minería.

En la carta, Arcos precisa que el 20 de marzo, en un gabinete provincial realizado en el salón de recepciones Doña Carlota, en Macas, se acordó con los directores institucionales trasladarse hacia Quito para ‘defender la revolución ciudadana’.

Pero de los 31 directores, solo 8 acudieron, por lo que ‘esto no puede seguir así, ya que es un año político y se necesita de manera urgente el cambio de directores que no participaron ni respaldaron con su presencia en apoyo a la democracia’, escribió la autoridad.

Además, asegura que defender al régimen ‘no es una política reactiva, es necesaria y oportuna. Se trata de enfrentar a los golpistas, a los desestabilizadores, para dar continuidad a nuestro proceso político.

El representante de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, dijo que Correa tiene ‘en algo la razón’, ya que los servidores de nivel jerárquico superior o también llamados ‘servidores políticos son puestos por él (Correa) o sus delegados sin mérito alguno; solo por tener afinidad política’. Aclaró que en el momento que una persona trabaja en entidades gubernamentales su deber con la ciudadanía’.