Ecuador piensa impulsar corte penal de Unasur

El Gobierno de Ecuador se comprometió a impulsar la creación de la Corte Penal de la Unasur, un proyecto elaborado desde la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que busca combatir el crimen trasnacional en la región.

El proyecto fue entregado por el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, al ministro coordinador de Seguridad de su país, César Navas, en el marco del Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales sobre la Delincuencia Organizada Trasnacional, que tiene lugar en Quito.

‘Nuestro compromiso es que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, canalizaremos este proyecto en el marco de las instancias que corresponden a Unasur, a fin de que sea debatido en el nivel político y diplomático correspondiente', dijo Navas.

El ministro aseguró que con la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), no solo se podrían desarticular bandas del crimen organizado, sino también se llevaría hasta la justicia a las redes delictivas trasnacionales, según informa la agencia Efe .

‘La idea surgió de la experiencia práctica de los fiscales de la región, (ya que) se puede comprobar que las asistencias penales internacionales no ha logrado ser eficaces para luchar contra el crimen organizado', enfatizó el fiscal ecuatoriano.

El lavado de activos, el tráfico de personas, el sicariato (crimen por encargo), el tráfico de armas y el soborno, entre otros delitos, constan en la lista de delitos que tramitaría la Corte.

El secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994 - 1998), alabó la iniciativa de la Fiscalía ecuatoriana y la posibilidad de crear un tribunal regional para perseguir al crimen organizado.

Según Samper, la propuesta podría ser debatida en el Consejo Sudamericano de Seguridad y dijo estar seguro que sería ‘muy bien recibida' por los gobiernos de Unasur.

Al encuentro de fiscales y procuradores, que tiene lugar en la sede de la Secretaría General de la Unión en Quito, han acudido delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela, así como representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y de la organización no gubernamental Democracia Global.