Hurto de gasolina, negocio más rentable que drogas en México

El robo de hidrocarburos en México es, en ocasiones, un negocio más rentable que las drogas y ya representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, informaron a Efe expertos en esa materia.

"Es una actividad muy redituable, un negocio más lucrativo, en sus periodos de mayor éxito, que las drogas", dijo Armando Rodríguez Luna, investigador sobre crimen organizado en el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede).

En ese mismo sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), dijoa Efe, al tratar de explicar la gravedad del delito, que ya representa "el segundo ingreso más importante del crimen organizado" en México.

"El crimen organizado dejó de lado el negocio del tráfico de estupefacientes y se dedica a un negocio de enorme rentabilidad (el robo de combustibles), de más de 20.000 millones de dólares", apuntó el legislador.

Según datos del medio digital Animal Político, divulgados en febrero pasado, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo pérdidas por 62.761 millones de pesos (3.291 millones de dólares), en el periodo 2009-2012, debido a fugas y robo de combustible.

Las pérdidas suman ya 97.000 millones de pesos (unos 5.086 millones de dólares) en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, iniciado en diciembre de 2012, según información precisa presentada por el senador Gil para pedir la comparecencia en el Senado de funcionarios del sector energético.

Durante la última década, este delito pasó del control de los cárteles de las drogas a grupos locales, que ha disparado la violencia. Un ejemplo es lo ocurrido el pasado miércoles, cuando delincuentes se toparon con un operativo del Ejército en el estado de Puebla y como resultado murieron diez personas, cuatro de ellas soldados.

El secretario general de Gobierno del estado de Puebla, Diódoro Carrasco, confirmó que la delincuencia organizada estaba detrás de esa toma clandestina de combustible y la consideró responsable del enfrentamiento contra los militares.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), desde 2010 este delito ha crecido un 400 %. Durante 2016 se detectaron en México un total de 6 mil 159 tomas clandestinas de combustible, una cifra casi 800 % superior a la registrada en 2010.

El senador Gil consideró que el enfrentamiento de Puebla "es una pequeña muestra" de una realidad generalizada en el país y lo consideró una consecuencia de la omisión del Gobierno para establecer políticas de prevención a esta actividad ilícita. En la actualidad, explicó, existen formas de controlar este delito, como el llamado marcaje molecular, que colorea algunas moléculas del hidrocarburo para detectarlo en el punto de venta.

Gil señaló que el Gobierno abandonó los programas y ha pensado que la solución de fondo es enviar a las fuerzas policiales o militares a detener a quienes "ordeñan" los ductos, cuando ya es posible aplicar mecanismos tecnológicos.

Sobre las perspectivas de ponerle un freno a esta actividad, el investigador Rodríguez Luna lo consideró complicado en el corto plazo por las dificultades y la falta de capacidad de Pemex para combatirla.

"La participación federal va a ser importante pero no es suficiente; Pemex tiene la tecnología para detectarlas (las tomas clandestinas), pero no tiene la capacidad de despliegue para impedirlas y detener ( a los responsables)", apuntó.

Datos de la PGR señalan que las entidades más afectadas por el robo de combustible son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, en el norte y oriente del país; Guanajuato, Estado de México, Puebla, en el centro, y Jalisco y Sinaloa en el occidente.

El pasado 27 de abril, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos para elevar las penas por el robo de gasolinas. Las nuevas penas van de cuatro a seis años de cárcel si el robo es menor a 300 litros y llegan hasta 17 años si la cantidad sustraída supera los 2.000 litros. También se establece una pena de 12 años de prisión para quienes transporten o vendan el combustible.