Temer rechaza acusación de fiscal general

El presidente de Brasil, Michel Temer, se declaró ‘víctima de una infamia' y arremetió duramente contra el fiscal general, Rodrigo Janot, quien presentó una denuncia en su contra por el supuesto delito de corrupción pasiva.

Arropado por ministros y parlamentarios, Temer volvió a aferrarse al poder y aseguró que tiene una ‘preocupación mínima' con la denuncia, la cual consideró una ‘una pieza de ficción' sin ‘fundamentos jurídicos'.

‘No permitiré que me acusen de crímenes que jamás cometí', dijo ayer Temer en una declaración pública en el palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en Brasilia.

REACCIÓN EN LA OPOSICIÓN

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Desde el Partido de los Trabajadores ya anunciaron que exigirán su dimisión.

Temer pidió ‘pruebas concretas' al fiscal general, a quien, irónicamente, acusó de ‘reinventar el código penal para incluir una nueva categoría, como la denuncia por hilación, que supone un precedente peligrosísimo en el derecho'.

Janot apoyó su denuncia en las confesiones realizadas por directivos del grupo JBS, que lo involucran en diversas y graves irregularidades.

En la denuncia, Janot afirma que, ‘entre los meses de marzo y abril' de este año, ‘con voluntad libre y consciente', Temer ‘recibió para sí, por medio de (el exasesor) Rodrigo Rocha Loures', ya preso por presunta corrupción, ‘la ventaja indebida de 500 mil reales' (unos 150 mil dólares).

Ese montante habría sido ‘ofertado' por Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, a quien Temer volvió a calificar de ‘delincuente'.

Temer, en su primer pronunciamiento tras la denuncia, rebatió los argumentos del fiscal general, resaltó la ‘inexistencia de pruebas' y declaró que ha sido ‘víctima' de un ‘ataque injurioso, indigno e infame' a su ‘dignidad personal'.

El presidente también cargó contra Janot al afirmar que uno de sus antiguos colaboradores gana ‘millones' en un bufete que defiende a los dueños de JBS y que además pactó el acuerdo de cooperación judicial de esa firma.

Temer, en el poder desde el pasado año, se convirtió esta semana en el primer mandatario en la historia del país en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal. Para ser avalada, la denuncia tendrá que ser aprobada por al menos dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una amplia mayoría.

En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara Baja, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días.

Si el proceso avanza y termina con la condena de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene un plazo de treinta días para convocar a las dos cámaras legislativas y elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.