¿Dónde está Santiago Maldonado?, el desaparecido por el que pregunta Argentina

Una sola pregunta ha reabierto en Argentina las heridas sufridas en tiempos oscuros, y que se creían distantes.

¿Donde está Santiago Maldonado?, cuestionan miles de argentinos desde organizaciones de derechos humanos, sindicatos, políticos, periodistas, académicos e incluso desde los estadios de fútbol y conciertos ante la inexplicable desaparición del joven.

Maldonado, un artesano de 28 años nacido en Buenos Aires —y descrito por familiares y amigos en la prensa local como defensor de la naturaleza y solidario con las causas sociales—, fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, antes de una intervención por la fuerza de la Gendarmería Nacional (policía militar) a una comunidad de indígenas mapuches en Cushamen, provincia de Chubut, en la Patagonia argentina.

Según recogieron varios medios, el joven había llegado al lugar un día antes de la intervención militar para dormir en casa de un miembro de la comunidad.

A partir de allí, el caso de Maldonado naufraga en un ‘mar de dudas' en torno a los hechos ocurridos, su posible detención y su actual paradero.

Casi una semana después del incidente, en una carta pública, Sergio Maldonado señaló que el caso de su hermano se trataba de una desaparición forzada, algo hasta ahora rechazado por las autoridades.

En un país cuya historia reciente está hondamente marcada por el terrorismo de Estado, principalmente durante la última dictadura militar (1976-1983) que dejó al menos 30,000 desaparecidos, la posibilidad de que el caso de Santiago Maldonado sea una desaparición forzada es abrir los recuerdos de una época siniestra, de represión, torturas y persecución política.

RAZONES POLÍTICAS

Segun declaraciones de su familia al diario La Nación , aunque Maldonado no militaba en ninguna organización política mapuche, sí tenía un compromiso social que lo llevó a simpatizar con su causa.

Los mapuches, uno de los grupos indígenas más numerosos asentados entre Chile y Argentina, tienen en la zona de los hechos un viejo enfrentamiento con la trasnacional textil Benetton y el Estado argentino.

La empresa italiana, durante la presidencia de Carlos Saúl Ménem (1989-1999), compró 900,000 hectáreas en la región, utilizándolas principalmente en la cría de ovejas para la producción lanar. La adquisición convirtió al clan Benetton en los mayores terratenientes extranjeros de la Argentina.

Desde entonces, los mapuche han mantenido reivindicaciones sobre parte del territorio propiedad de Benetton presentando recursos ante la justicia y señalando que la adquisición de las tierras, por parte de la empresa, ha estado empañada de irregularidades, desalojos y expulsiones ilegales de territorios considerados por este pueblo como sus tierras ancestrales, las que habitan incluso desde antes de la formación del Estado moderno argentino.

INVESTIGACIÓN

Entre las organizaciones que piden al Gobierno de Mauricio Macri esclarecer lo sucedido con Maldonado, se encuentran Amnistía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada, un organismo de las Naciones Unidas.

Por su parte, desde el Gobierno se niega la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal Todo Noticias aseguró que ‘lo que se intenta es acusar al Gobierno' , mantuvo la inocencia de Gendarmería e indicó que en el informe de la fiscalía que se presentará a la ONU ‘en ningún momento se refuerza esa teoría.'

Sin embargo, Verónica Heredia, abogada de la familia de Maldonado, señaló en Página 12 que el Gobierno no solo niega la responsabilidad de la fuerza militar, sino también ‘ignora la relevancia de las filmaciones y los testimonios y acusa a la comunidad de no colaborar'.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, citado por el mismo diario, se manifestó en esa dirección al apuntar que ‘la filmación de la Gendarmería de su propio operativo (que es obligatoria) no es completa, faltan tramos, y que sus agentes ingresaron a la comunidad cuando la orden judicial se limitaba al despeje de la ruta 40'.

La presión sobre el Ejecutivo argentino aumentó cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Maldonado.

‘Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo', subrayo la CIDH.

Jaime Dri, perseguido político y prisionero en los campos de tortura de la dictadura argentina, además de exiliado en nuestro país, donde ejerce como catedrático de la Universidad de Panamá, señaló a La Estrella de Panamá que el caso de Maldonado ‘no es casual'.

En su opinión, ‘los que gobiernan hoy la Argentina son los mismos intereses que propiciaron y ejecutaron con las Fuerzas Armadas el golpe de 1976, con la diferencia de que en esta oportunidad lograron el gobierno por medio del voto'.